Los resultados de las elecciones de este fin de semana marcarán el rumbo del país en temas altamente sensibles en seguridad y política.

Empecemos con los resultados de la consulta popular. Más allá de que gane el sí o el no, en seguridad, la ciudadanía va a marcar un sendero de largo plazo sobre cómo enfrentar parte del problema del narcotráfico y el crimen organizado. Cualquiera que sea la decisión siempre habrá consecuencias, como ya ocurrió en 2008, cuando por ejemplo los asambleístas constituyentes –y luego la ciudadanía, vía referéndum– optaron por la salida del puesto de avanzada de EE. UU. en la Base Manta. Ese fue una de las decenas de pasos que a partir de ese momento se dieron y han llevado al país a donde está. El resto de la responsabilidad también recae sobre los gobiernos de turno y en los electores que optaron por esas fórmulas llenas de ofrecimientos de días mejores que se han quedado en los eslóganes.

Desde la llegada de la revolución ciudadana a la fecha tampoco se ha garantizado una justicia oportuna y eficaz, ni desarrollo, ni mejores oportunidades. La educación no ha sido suficiente, la corrupción de cuello blanco sigue y queda un largo etcétera por numerar.

En política sucede algo parecido. Cambiamos por completo las reglas de juego hace 14 años –porque quienes estuvieron en el poder hasta ese momento tampoco dieron respuestas adecuadas a la ciudadanía–, y este ajuste sirvió particularmente a quienes impulsaron esa propuesta para que al servicio público lo utilicen para que algunos de ellos se enriquezcan, otros fueran autoritarios y unos cuantos más reclamaran todos los derechos que no necesariamente reconocieron a quienes no pensaban como ellos. Los seguidores de lo que era Alianza PAIS, que en su momento agrupó a partidos de izquierda, progresistas, movimientos sociales, etc., crearon un sistema con 5 poderes, uno de los cuales es el que más problemas ha generado: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En esta elección se escogerán representantes a ese organismo y, curiosamente, algunos de los candidatos tienen filiación político-partidaria. ¿Dónde quedó entonces la representación ciudadana?, ¿en los mismos partidos y movimientos políticos que han sido incapaces de articular su trabajo en la Asamblea Nacional?

Vamos con la elección de alcaldes y prefectos. La actual campaña ha estado cruzada por la violencia y las denuncias de la narcopolítica, particularmente en las provincias fronterizas con Colombia y las de la Costa (aún no se ha dicho mucho sobre el crimen organizado vinculado a la minería). Tenemos ya varios candidatos muertos y amenazados.

Además de este problema –que comenzamos a avizorar– está el relativo al nivel de representación que pudieran alcanzar las autoridades. ¿Volveremos a tener alcaldes electos con 20 % de votos, lo que significa baja legitimidad? También hay otras preguntas incómodas: ¿qué pasará si los partidos que tienen bastiones en algunas ciudades pierden?, ¿estaremos ahora sí frente a una nueva clase política naciente poscorreísmo?, ¿cómo se redistribuirán el poder con la puja generada por el narcotráfico? Hagan sus apuestas. (O)