Desde este espacio hemos celebrado la llegada de Guillermo Lasso al poder; aplaudido sus aciertos y criticado los yerros de su gobierno.

También hemos defendido el estado de derecho y condenado la violencia, disfrazada de protesta social, que hace pocas semanas amenazó con tomarse el poder.

Esa es mi obligación como ciudadano responsable de este espacio privilegiado de opinión.

Por tal motivo, hoy quiero abordar un tema crucial que amenaza la propia estabilidad del Gobierno y la seguridad de quienes habitamos en el Ecuador.

Me refiero a la obligación constitucional y legal que tiene el Gobierno de mantener la seguridad interna y externa del Estado; a la obligación que tiene el gobierno de turno -al frente de las fuerzas del orden, de los servicios de inteligencia, del servicio exterior y de la chequera de la cuenta única del tesoro- de proteger la vida y bienes de sus ciudadanos.

Desde que tengo uso de razón, en el Ecuador nunca nadie ha discutido que esa responsabilidad, la de mantener la seguridad interna y externa de los habitantes del país le corresponde al Gobierno.

Ni el mas acérrimo defensor de los presidentes Roldós, Borja, Durán-Ballén, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Gutiérrez, Palacio, Correa o Moreno ha sugerido que se trata de una responsabilidad compartida con otras autoridades, y menos, con los ciudadanos de a pie.

Digo esto, porque me ha causado molestia leer y escuchar a voces oficialistas, intentar posicionar en medios, un “debate” sobre a quién le corresponde la seguridad de Guayaquil. Esto, a propósito de la lamentable tragedia en el Cristo del Consuelo, que conmovió al país.

Pretender echarle el muerto de la seguridad ciudadana a la Alcaldía de Guayaquil, que alza la voz en nombre de los guayaquileños, deja en muy mal predicamento a quienes, voluntariamente, aceptaron asumir la responsabilidad constitucional y legal de proteger la vida y bienes de todos los ecuatorianos.

Y con el mismo libreto han aparecido algunos funcionarios a cargo de la seguridad del país, quienes, lejos de solidarizarse con las víctimas, disculparse con el país, argumentar la complejidad de un problema heredado, ofrecer redoblar esfuerzos para que no vuelva a ocurrir y prometer no descansar hasta hallar a los responsables de tan execrable crimen, han dicho que se trata de un problema de todos y que solo con la unión podremos vencerlo.

Ese discurso ‘motivacional’ lo entiendo en otro contexto. Pero escuchar a las autoridades a cargo de la seguridad del Estado, esgrimirlo, realmente me asusta y preocupa.

No cabe la menor duda que lo que vive el país NO es responsabilidad del actual Gobierno; no dudo de que las autoridades al frente de la seguridad del Estado hacen esfuerzos por contener la violencia que se desborda por todo el Ecuador.

Pero el país no necesita excusas ni cortinas de humo, sino verdad, compromiso y trabajo.

Desde esta columna elevamos una oración por las víctimas de la violencia, al tiempo que respaldamos a quienes, por Ley, están a cargo de nuestra seguridad; para que encuentren el rumbo en esta muy pesada responsabilidad que cargan sobre sus hombros. (O)