El vocero presidencial Carlos Jijón dijo recientemente al informativo digital Primicias que en dos años el Gobierno planea tener 20.000 policías más en las calles, entre las medidas que tomará para luchar contra la inseguridad, a corto, mediano y largo plazo. Reconoció que la inseguridad ciudadana –que nos mantiene en vilo– tiene tres escenarios: la delincuencia común, la violencia vinculada al narcotráfico y la violencia en las cárceles. Afirmó que las cifras respecto a la delincuencia común han tenido una importante caída. Al mismo tiempo aceptó que el país tiene una cantidad insuficiente de policías: “…no tenemos el número de policías necesario por cada 1.000 habitantes, para mantener la seguridad de una sociedad. Esa es la realidad…”.

En febrero del 2021, El Comercio informó que los servidores policiales –a escala nacional– suman aproximadamente 52.000. Según estudios de las Naciones Unidas, se requieren 4 policías por cada mil habitantes. De acuerdo con nuestra población, 17′640.000, necesitamos 70.560 policías.

La dificultad de llegar al incremento comentado es que, de acuerdo con el vocero presidencial, para enrolar 20.000 policías adicionales se necesita formarlos y esto tarda dos años, adquirir armamento, vehículos, construir cuarteles. Y coincidimos con Carlos Jijón en que la sociedad no puede esperar que, en uno o seis meses, el país pueda solucionar un problema que es consecuencia de 15 años de descuido. Desafortunadamente, el entrevistador no le interrogó cómo defendernos mientras se cumpla el plan gubernamental en tan crítica situación que demanda algo más, a pesar de las buenas intenciones. Tal vez escuchar las sugerencias que se hacen día a día desde la población. Quizás imitar las iniciativas que funcionan en otros países con similares o peores problemas de seguridad, que utilizan medios disponibles adaptándolos con regulaciones del ejecutivo.

El portal de noticias Swissinfo.ch cuenta que en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, la seguridad de ciertos sectores está a cargo de guardias privados, que debidamente entrenados, uniformados y equipados realizan el patrullaje. Cortac es una de las más importantes de Sudáfrica en materia de seguridad privada. Un trabajo peligroso, sin duda, que ayuda “a que otros tengan una mejor vida”, pero a la vez un empleo que paga mejor que la Policía. Más de dos millones de personas trabajan en la seguridad privada, en un país donde, según el portal de noticias, el desempleo supera el 32 %.

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada (R. O. 130, 22/07/2003) en uno de sus considerandos expresa: “Que la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada debe orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad personal y el pleno ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes de las personas que reciban tales servicios”. Ecuador tendría 80.000 guardias privados.

Una opción mientras se integran los nuevos 20.000 policías. Otra, de índole disuasiva: el porte de armas, que aconseja un exmilitar, el expresidente Lucio Gutiérrez. Autorizarlo al menos a expolicías, exmilitares y miembros de clubes de tiro deportivo. (O)