Las circunstancias por las que atraviesa el Consejo de la Judicatura nos obligan a tratar nuevamente el tema de la administración de la justicia y de la corrupción judicial imperante en la misma. Ya manifestamos en ocasión anterior que concordamos y apoyamos la consulta del presidente Lasso eliminando al Consejo de la Judicatura, respondiendo al clamor ciudadano.

Lamentablemente esta acertada decisión está sujeta a la temporalidad y a los avatares políticos futuros, por lo que puede o no cumplirse la consulta proyectada. Hasta entonces, después de uno o dos años, los ecuatorianos viviremos sometidos a la misma administración de justicia viciada de favoritismos y objeto de parcelación territorial, ejercida de igual o peor forma –en lo que respecta al Guayas– que en las pasadas épocas sombrías de la metida de la mano de la justicia a la que estuvimos sometidos.

La acción de protección de Sofía Almeida, con la que paralizó su remoción de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, habría sido presentada y tramitada irregularmente en Samborondón, y sin constancia de sorteo, por lo que habría correspondido a la multicompetente jueza Karly Vargas de ese cantón, expresa el Dr. Hernán Ulloa, uno de los cuatro consejeros demandados. Esta jueza fue trasladada a Yaguachi por la directora provincial del Consejo de la Judicatura, y amparada por su vecina colega multicompetente Andrea Ordóñez con otro recurso similar demandando a sus superiores, aún continúa en funciones.

La renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura abre las puertas a una reforma dentro del seno de dicho organismo, introduciendo una cuña necesariamente valiente, independiente, de reconocido pasado ético y solvencia profesional, que garantice la independencia de dicho organismo e impida a cualquiera de sus integrantes influir en las decisiones de sus subordinados, lo que de ser cierto, sería lo que habría permitido el actual estado de cosas en la administración de la justicia en el Guayas. Posiblemente debe ser otro de los motivos que impulsan al presidente Guillermo Lasso a la supresión de este organismo con la reforma judicial.

La terna de candidatos a la presidencia del Consejo de la Judicatura corresponde al pleno de la Corte Nacional, y uno de los tres forzosamente debe ser elegido presidente, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Caso contrario, consecuentes con las fuerzas políticas que los designaron, harían del resultado su botín político para el control de la administración de Justicia, con velados objetivos, tras indultos y amnistías que incidirían en el accionar judicial en los juicios contra la corrupción de la década sombría, que día a día salen a luz.

Todo lo anterior vuelve imperativo que los integrantes de la terna de la Corte Nacional revistan absoluta independencia política, como lo podrían ser con sobrados méritos Aquiles Rigaíl Santistevan, Santiago Velázquez Coello, Anunzziata Valdez de Ferrín, Rafael Oyarte, entre otros merecidos y distinguidos profesionales de todo el país.

De continuar con lo mismo mejor cerremos la puerta y vámonos, como dice el paisa. (O)