En enero 7, el presidente decretó la absorción de Petroamazonas por Petroecuador. Un buen primer paso, pero no basta.

Hay quienes estiman que no debe haber una empresa petrolera estatal. Pero en la región todos los países petroleros las tienen, y es irreal pensar que el Ecuador reme en sentido contrario. Lo que hicieron los otros cinco países latinoamericanos con importante sector petrolero es crear distancia entre gobierno y empresa. En todos, el ente petrolero se convirtió en compañía por acciones.

La venezolana PDVSA en los años 90 estuvo entre las mejores petroleras del mundo, sin ser sociedad anónima. En 1999 tomó el poder Chávez, quien la convirtió en sociedad anónima 100% propiedad estatal. También la tornó en financista de sus programas populistas. En 1998 PDVSA producía 3,1 millones de barriles diarios, y hoy solo 440.000, menos que Ecuador.

En México, país de vibrante nacionalismo petrolero, el Estado retiene el 100% de las acciones; Peña Nieto creó la figura de Empresa Productiva del Estado, con lo que Pemex ganó en autonomía y se aspira a que en eficiencia.

Los otros países optaron por vender acciones al público, para que la empresa se capitalice e invierta con fondos propios. En Brasil, bajo Cardoso, Petrobras colocó acciones en el mercado internacional; aproximadamente la mitad de sus acciones están en manos privadas, aunque el gobierno brasileño conserva la mayoría de las acciones con voto. En Colombia, los privados tienen el 11% de las acciones de Ecopetrol. Argentina, bajo Menem, llegó a vender YPF a Repsol, aunque luego Cristina Fernández la expropió y es nuevamente estatal.

Salta que conviene que Petroecuador deje de ser paraestatal, que se convierta en sociedad anónima y adquiera autonomía financiera. Que quede para más adelante ponderar la conveniencia o no de la venta de acciones al público, si es que Petroecuador se convierte en empresa de reputación mundial y se estima que las acciones se venderían a buen precio.

En Venezuela, bajo Carlos Andrés Pérez se permitió que PDVSA conserve sus utilidades, para que reinvierta. Eso fue central para sus éxitos. Petroecuador debería pagar impuesto a la renta, para ciertos bloques quizá regalías y cada año decidir cuánto de sus utilidades reparte a su único accionista, el Estado, y cuánto retiene. No más transferencias de sus ingresos a la cuenta del Tesoro. Además, Petroecuador debe vender combustibles al precio internacional, por lo que todo subsidio tendría que financiarse con cargo al presupuesto del Estado.

Ninguna reforma es garantía de que Petroecuador se convierta en empresa sin injerencia política. En estos días: Bolsonaro destituyó al presidente ejecutivo de Petrobras porque subió los precios de los combustibles para ajustarlos al alza del petróleo. El valor de mercado de Petrobras se desplomó en USD 18.000 millones; en Colombia, el gobierno de Duque, ante la crisis financiera, dispuso que Ecopetrol le compre una empresa eléctrica en USD 4.000 millones; en Argentina, Fernández nombró presidente de YPF a un diputado con miras a que YPF use sus fondos con fines electorales.

La batalla para tornar a Petroecuador en empresa eficiente es cuesta arriba, como la tarea de Sísifo: se empuja la roca a la cima, solo para que ruede cuesta abajo, y comenzar de nuevo. Pero es una pelea que hay que pelearla. (O)