La Operación Fénix, conocida como el Ataque a Angostura, tuvo graves repercusiones en el país y en las relaciones con Colombia. En la madrugada del 1 de marzo de 2008, tropas colombianas lanzan un feroz ataque a territorio ecuatoriano, una zona selvática denominada Angostura, en la provincia de Sucumbíos, a 2 kilómetros de la frontera. En dicho lugar estaba un bien organizado campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con áreas de entrenamiento, dormitorios, cocinas, bodegas para almacenar provisiones; municiones, armamento, equipo, explosivos y contaba con generadores de electricidad.

La respuesta de Rafael Correa fue la condena al ataque y rompió relaciones diplomáticas con Colombia, algo que no había ocurrido con Perú en la guerra del Cenepa. Dicha decisión privó a nuestro país, por más de dos años, de obtener valiosa información de la inteligencia colombiana en las reuniones que se hacían periódicamente entre los dos países (Comisión Binacional de Fronteras, Combifron).

Correa desarticuló la inteligencia militar y policial y obligó a sus comandantes a pedir la baja. Aprovechándose de la Asamblea que controlaba, eliminó la Ley de Seguridad Nacional que estuvo vigente desde 1979, en los 30 años de vigencia pasaron once gobiernos. La mayoría gobiernista aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado, un bodrio, una mala copia de la ley anterior.

En la Ley de Seguridad Nacional eliminada, el presidente de la República que presidía el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) disponía de una Secretaría General, organismo de carácter permanente que dependía de manera directa del jefe de Estado, su misión era asesorar al Consejo de Seguridad Nacional y facilitar su funcionamiento, tramitar las decisiones del presidente de la República, elaborar los planes de seguridad nacional y coordinar las actividades específicas de todos los organismos de la seguridad nacional.

En la llamada Ley de Seguridad Pública y del Estado desapareció el secretario del Cosena, fue reemplazado por el ministro coordinador de Seguridad (que ya no existe), quien tenía la responsabilidad de preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral; la Dirección Nacional de Inteligencia fue sustituida por la tristemente célebre Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), posteriormente reemplazada por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); la Dirección de Movilización pasó a ser parte del Ministerio Coordinador de Seguridad como una unidad administrativa; la Defensa Civil, organismo con gran experiencia que trabajaba en forma coordinada y permanente con la Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y voluntarios, la sustituyó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La secretaria pasó a tener rango de ministra y la nómina de empleados aumentó con gente del partido de gobierno que no tenía ningún conocimiento de tan delicadas actividades.

El presidente Lasso debería urgentemente preparar una nueva Ley de Seguridad Nacional que garantice la supervivencia del Estado, el patrimonio nacional y el mantenimiento de los objetivos nacionales a través de una gran unidad nacional. (O)