Las pasadas elecciones dejan temas interesantes para ser analizados. El primero, que no calza como urbano, es el desgaste del discurso correísta. Una cosa es acusar a alguien de “banquero corrupto” cuando recién se entra en la palestra política; y otra es seguir acusando de corrupción bancaria a la oposición, cuando se es investigado por casos billonarios de corrupción; además de otros cargos, aún más escandalosos.

Los componentes urbanos que parten de la pasada segunda vuelta tienen que ver con la distribución de la clase media en el territorio nacional y con los cambios que están ocurriendo dentro del movimiento indígena. Coincide que la región donde ganó Guillermo Lasso es donde hay una clase media más consolidada. La Sierra tiene a Quito como el centro de gravedad de una economía sustentada en el sector público. Dicho modelo se repite en menor grado en todas las ciudades de la Sierra. A esto debemos agregar que en la región andina existe un mayor índice de migración de zonas rural a centros urbanos; sobre todo luego de las migraciones al exterior a comienzos de siglo. Quienes en esos tiempos migraron a Estados Unidos o a Europa no regresaron al campo ecuatoriano, sino a las ciudades.

En la Costa, la economía de la clase media depende mucho de las fluctuaciones del sector privado, que se veía afectado de manera permanente, por las constantes regulaciones que hacía el Gobierno anterior, en sus intentos de mantener favorable la balanza comercial. Eso perjudicaba principalmente a los importadores, que se veían obligados a reducir sus costos operativos, incluyendo la disminución del número de empleados.

Otro evento digno de ser estudiado es el reflejo de la urbanización del movimiento indígena. Mucho se ha hablado de las divisiones internas en la Conaie. Dicho cisma se da entre una visión tradicional de la problemática indígena y una más actualizada. La tradicional, con Jaime Vargas a la cabeza, tiene base en los problemas propios del sector rural: deficiencias en la producción agrícola, desigualdades sociales, reforma agraria, etcétera. En contraparte, la nueva generación de la Conaie es mucho más urbana; apegada a sus tradiciones, pero con preocupaciones mucho más universales, específicamente de naturaleza ambiental. Dicha facción es la liderada por Yaku Pérez.

Según el censo poblacional de 1950, la población indígena rural era del 71%. En cambio, el censo poblacional del 2001 muestra que la población indígena urbana alcanza el 61%. Sin duda, podemos atrevernos a intuir que la población urbana indígena seguirá creciendo en el nuevo censo que debería culminarse este año. Sería interesante pensar en el surgimiento de una organización indígena urbana.

Finalmente, vale la pena recordar que medio país aún votó por una opción populista, y que quizás lo haya hecho más por necesidad que por militancia. El próximo gobierno debe enfocarse en atender a ese gran sector de la población, a través de una política social que incremente el empleo y que satisfaga las necesidades básicas, fortaleciendo la capacidad de consumo y mejorando la calidad de vida. No regalando pescados, pero enseñando a pescar. (O)