En la entrevista con Alfonso Espinosa, el presidente abordó la temática de los combustibles. Los transportistas y la Conaie reclaman por el alza mensual del precio de la gasolina (5 %) y diésel automotor (3 %) y denuncian que provoca inflación.

Los transportistas se aferran a la focalización del subsidio y reclaman su pronta implementación. Sueñan con una base de datos en que estén sus camiones, que les dé derecho a comprar el diésel con subsidio, lo cual sería una ventaja sobre las flotas de las empresas, que comprarían más caro. Los taxistas formales aspiran a algo igual, con lo que Uber estaría en desventaja.

Un mecanismo de focalización es engorroso, lleva a favorecer a los inscritos a expensas de otros, es una barrera para el ingreso a nuevos ofertantes de servicios, invita al pago de coimas para ser incluido. El presidente fue tajante: no habrá focalización.

Lasso demostró a los transportistas que el problema no era el precio del diésel, sino el alto arancel para vehículos, partes y piezas y la mala calidad de los combustibles. Los aranceles están en proceso de ser desmantelados. A la Conaie demostró que no hay inflación.

El presidente pudo agregar que las restricciones a la movilidad redujeron temporalmente la demanda para servicios de transporte, situación que afecta a todas las actividades. Que hay un mercado libre de transporte, con muchísimas firmas demandando el servicio, y transportistas que lo brindan. El mercado funciona y el beneficiario es el consumidor con menores precios. Por lo que continuarán los ajustes mensuales. Lo que puede esperarse es subsidio al transporte público urbano e interprovincial.

El subsidio a los combustibles es un caso de precios políticos. Hoy con la gasolina nos plantea el problema opuesto: el precio sube por encima del que tendría si hubiera mercado libre. El galón de gasolina ecopaís/extra, de 85 octanos, se vende a $ 2,26 y Petroecuador sostiene que todavía está subsidiado. “Subsidio” llama Petroecuador a que el precio no cubre sus inflados costos.

En Colombia la gasolina se vende al mismo precio que la ecopaís, pero es de 93 octanos. O nos bajan el precio, o nos suben el octanaje. En Ecuador sí hay una gasolina de 92 octanos, la súper, pero se vende a $ 3,50. Más de un dólar que la colombiana. A estos precios los consumidores de gasolina subsidiamos a Petroecuador. La solución es abrir el mercado interno a la importación privada de combustibles. Que el Estado salga de un negocio que se ha prestado a corrupción.

Bajo el gobierno de Moreno se permitió al sector privado importar combustibles, y Lasso ha dispuesto la venta de las gasolineras. Pero los privados no importan combustibles, puesto que hay impuestos a la importación y exportación de los que Petroecuador está exenta. El Gobierno contempla una reforma legal para igualar el tratamiento tributario.

Si los privados importan diésel industrial y gasolinas, ¿qué pasará con los combustibles de bajísima calidad que produce Petroecuador? Ese es otro problema, a tratarse por separado.

Clarísimo, entonces, el panorama para combustibles. Vamos al libre mercado para los combustibles, excepto diésel automotor, hasta que el alza de 3 % mensual lo lleve a precios internacionales, y el gas, que se mantendrá subsidiado. El toro, tomado por los cuernos. (O)