Se ha dado apertura a un periodo legislativo con trámite sumarísimo que pudiese ser útil para la promulgación de leyes vía decretos ejecutivos, previa aprobación de la Corte Constitucional, ocasión única para que algunas frustradas aspiraciones agrícolas se cristalicen con normas nuevas o se actualicen obsoletas. Es una inmejorable oportunidad para fortalecer la proyección futurista, productiva e industrial del cacao cuyo progreso registra exportaciones que ubican al país en el tercer lugar mundial luego de los colosos Costa de Marfil y Ghana.

La actividad cacaotera es fuente de trabajo y riqueza de la que subsisten miles de ecuatorianos de ínfimos recursos, es la que podría revertir rápidamente los vergonzosos niveles de pobreza campesina si contase con el suficiente apoyo público y privado que se refleje en estímulos efectivos correctamente focalizados y culminen favoreciendo al agricultor. Las ventajas impositivas, actuales o futuras, deberían responder a volúmenes de inversiones en industrialización o en tangibles planes de regeneración y recuperación de suelos, reduciendo a la nada la contaminación por cadmio, financiados por los beneficiarios del suculento negocio chocolatero; es decir, reglamentar las prebendas para que terminen contribuyendo a la superación de la nación.

Es tiempo de poner coto al extractivismo de los suelos cacaoteros, los más ricos del Ecuador, algunos con una capa fértil sin parangón planetario, que es necesario conservar devolviéndole los nutrientes que sucesivas cosechas han desgastado y aumentar el débil coeficiente de materia orgánica, en gran medida causados por empresas multinacionales interesadas solo en comercializar el producto en grano sin agregar ningún valor, ni dejar provechos visibles como serían inversiones en plantas industrializadoras de productos que genera la pepa de oro, prefiriendo, en cambio, instalar sofisticadas fábricas en naciones totalmente extrañas al medio.

De lo que se vendió de cacao en grano y derivados a distintos lugares hasta abril de 2023, el 50 % corresponde a transnacionales, desplazando a empresarios ecuatorianos, aprovechando privilegios y ventajas como el bajo costo del dinero extranjero, sin que se demuestre efectiva preocupación por el desgaste de nuestra riqueza renovable, sus prolíficas tierras arables, que se deje simplemente de comprar, envasar y despachan desde instalaciones de bajo valor. Es tanto el poder demostrado que ahora adquieren fincas establecidas altamente tecnificadas con lo cual perfeccionan su control, y terminarán manejando íntegramente el negocio del “alimento de los dioses”.

La decisión de los consumidores es descartar chocolates y los sucedáneos cacaoteros cuando su privilegiada materia prima proviene de lugares cultivados en condiciones de esclavitud salarial, infame trabajo infantil, uso de vetados pesticidas o de plantíos resultantes de deforestación que Europa persigue sin descanso, además poco a poco se van sumando a esa saludable política otras naciones desarrolladas, en tanto que Ecuador, que no se promueve bien, no está manchado con esas lacras que el mundo civilizado condena. (O)