Esa fue la consigna de los manifestantes en Santiago de Chile en 2019, cuando el Gobierno se retractó del decreto de aumento del pasaje en transporte público en 30 pesos, provocando protestas en todo el país. El expresidente Piñera declaró: “Estamos en guerra”. Los jóvenes que habían saltado el torniquete para acceder al transporte le respondieron: “No es guerra, es amor”. Amor a su presente y futuro, al de la nación. Presente y futuro, arruinados por la dictadura militar y sus sucesores por 30 años, que mantuvieron y profundizaron la profunda inequidad económica y social que hay en Chile, iniciada con la tiranía.

El 1 % de la población chilena concentra el 49,6 % de la riqueza nacional. En 2021, Chile fue el país que tuvo el mayor nivel de patrimonio entre los ultrarricos en relación con el tamaño de su economía.

Desde 1973, año del golpe de Estado contra Salvador Allende, comenzó una brutal entrega de los intereses de la nación al capital transnacional e interno. La ley de nacionalización del cobre fue derogada, con el argumento de que el Estado no percibía los impuestos de las empresas estadounidenses que explotaban el metal. El engaño como instrumento de gobierno para propiciar el saqueo. Con Pinochet, el Augusto sanguinario, el corrupto de las uñas largas, hubo pocas regulaciones, surgiendo grandes fortunas familiares. Se privatizaron las empresas públicas, que pasaron a pocas manos. Y como había que acallar las disidencias, mataron, desaparecieron, torturaron y suprimieron y reprimieron a los sindicatos.

Para legalizar la tiranía impusieron la Constitución de 1980, tan restrictiva en derechos, con un amañado referéndum que no contó con registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación ni control del proceso electoral.

Sondeos vaticinan rechazo de propuesta de nueva constitución en Chile

Ahora o nunca

Posteriormente al régimen de facto se hicieron algunas reformas constitucionales para destapar la olla, desmontando la herencia autoritaria y pretendiendo dar alguna equidad a la nación con medidas que no tocaron los principales problemas que afectaban al pueblo. Y es que, defraudando a la ciudadanía, la concertación del último día del despotismo y primero de seguir su política económica dejó privatizada la salud, la educación, las pensiones previsionales y bienes naturales, como el agua. Las protestas llegaron y su cúspide fue el 2019, año que coincidió con las manifestaciones en Ecuador. El estallido se apagó con la propuesta de elaborar una nueva constitución. Piñera pidió perdón por no haber tenido visión. Los chilenos aprobaron con abrumadora mayoría referéndums para que se escriba una nueva carta magna, y eligieron a ciudadanos para el efecto, no a diputados ni senadores. Una indígena mapuche fue electa como primera presidenta de la Convención Constituyente, augurando el nacimiento de horizontes limpios.

La criatura fue engendrada en doce meses. Sostienen 200 líderes y figuras internacionales conspicuas, como Noam Chomsky, que, de ser aprobada el 4 de septiembre, asentará al país sobre una base sólida de democracia igualitaria e inspirará al mundo. Reconoce que la naturaleza tiene “derechos”, lo que ya la nuestra consagró desde el 2008, para que la conciencia nacional la defienda. El nuevo texto responde al despojo contra indígenas, menciona sus pueblos y naciones preexistentes, reconoce su derecho al agua, apropiada por particulares para grandes proyectos agroindustriales, a usar sus propias medicinas y conocimientos, a sus prácticas de salud. Establece que el Estado debe respetar y proteger los derechos de todos, las diversidades y disidencias de sexo. Prioriza sus relaciones internacionales con América Latina y el Caribe. En el tema de violación a los derechos humanos instituye, entre otros, el derecho a la verdad, a la memoria, a la garantía de no repetición. Determina el novedoso derecho a la ciudad, a la esencial igualdad sustantiva. Reconoce derechos a los reos, a una educación de calidad, reiterada demanda de los jóvenes. Prescribe que la educación pública es el eje del sistema nacional de educación, laica y gratuita; que en cada región habrá por lo menos una universidad estatal. Establece el derecho de las comunidades educativas en la definición de los proyectos educativos. En materia de salud manda que el Estado será el único que dirija el sistema y admite prestadores privados. Reconoce a los trabajadores, entre otros derechos, el de sindicalizarse; a los servidores públicos y privados, a hacer huelgas, con excepciones; a los particulares, a participar en las decisiones de las empresas, lo que representa un avance significativo. Estatuye el derecho al cuidado. En fin, es el sueño de una sociedad por su porvenir.

Allende le contó a Eduardo Galeano que la empleada doméstica de una mansión había enterrado en el jardín su poca y pobre ropa, porque le dijeron que si ganaba la Unidad Popular se la quitarían. Los mismos sectores retrógrados han distorsionado el sentido de la propuesta y en las encuestas aparece alto el rechazo. Aun si se aprueba el proyecto, podrán boicotear la Constitución con las leyes que la reglamenten. La memoria de los muertos, de los desaparecidos, de los torturados, un Chile nuevo, exige que el sueño empiece a fructificar. (O)