Siempre es posible diseñar de mejor manera las estructuras, todas, sean estas puramente conceptuales o materiales. Las veinte constituciones que han regulado la convivencia social en el Ecuador, cada una en su momento, fueron nuevas arquitecturas políticas y jurídicas concebidas para cambiar y mejorar. Muchos actualmente piensan que debemos contar con una nueva constitución para que lo que necesitamos como pueblo sea alcanzable. Nuestro enfoque, el de los ecuatorianos, siempre ha estado orientado hacia afuera y nos hemos preocupado muy poco por generar arquitecturas culturales que involucren nuevas formas de pensar y en general cambios en la idiosincrasia colectiva local, que está marcada por la idea de que las transformaciones más importantes se encuentran en las estructuras externas.

Las arquitecturas sociales son el resultado de la cultura de los pueblos. Los diseños de cómo deben funcionar las instituciones y actuar las personas deberían provenir de las necesidades sociales. Eso siempre ha acontecido con las culturas fuertes, que han creado estructuras jurídicas para cumplir con sus objetivos. Nosotros, tradicionalmente, hemos tomado la institucionalidad de los otros y desde ahí, obstinadamente, hemos intentado repararla, reformarla, adaptarla para que responda de mejor manera a lo que pretendemos como sociedad. Sin mucho éxito.

El anuncio de la creación de una nueva arquitectura judicial es una manifestación de lo dicho. Las intenciones del Ejecutivo, instancia que la propondrá, son buenas porque quiere con esa acción alcanzar varios objetivos importantes, entre los cuales destacan: favorecer la inversión extranjera, evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura y, en general, mejorar la administración de justicia. Me parece que el proyecto debe incorporar una amplia y profunda acción educativa nacional para cultivar una nueva forma de ser y actuar de quienes se relacionan con el derecho y la justicia a través de las escuelas de derecho que funcionan en las universidades y de la escuela judicial que forma parte del sistema de administración de justicia.

Las carreras de Derecho deben trabajar en este sentido para formar profesionales no solamente conocedores de leyes y procedimientos, sino abogados definidos por la rectitud de conciencia, probidad, honorabilidad y por los atributos éticos que constan como exigencias en normas y declaraciones discursivas. Esta formación debe ser fortalecida no únicamente con el estudio de doctrinas sobre ética y derecho, sino también a través del ejemplo institucional de cada uno de esos espacios de educación. El estudiante debe sentir que se encuentra en lugares de excelencia moral y que es el objetivo central de todos los esfuerzos educativos destinados a otorgarle una formación de calidad que contemple la más alta exigencia intelectual y, sobre todo, la más estricta corrección ética.

Una nueva arquitectura judicial acompañada de una nueva arquitectura ética–cultural es necesaria. La primera requiere un diseño inteligente. La segunda es visionaria, virtuosa y transformadora… como la justicia. (O)