Nuestra Constitución permite dos actos jurídicos compasivos: el indulto, perdón; y el olvido, la amnistía. Se puede indultar por razones humanitarias a personas declaradas culpables y responsables de algún delito común (excepto los que la misma Constitución señala): enfermos en etapas terminales, ancianos. La amnistía significa olvido: el encausado que la recibe no ha sido condenado, el proceso puede estar en curso y la Asamblea Nacional puede dictarla en favor de cualquier persona. El acto por el cual fue procesado, o condenado, no existe, se olvida y en este caso el olvido borra todo vestigio y la persona puede tornarse contra el Estado para ser indemnizada. Queda claro que ha habido gastos y honorarios y entonces la amnistía no es sinónimo de olvido. Solo la Asamblea Nacional puede otorgarla.

Es el caso de quienes en octubre de 2019 asolaron parte de la ciudad de Quito, incendiaron el edificio de la Contraloría y causaron enormes daños materiales a bienes de la Policía y hasta en el edificio de la Casa de la Cultura, que convirtieron en cuartel general. También hubo un grupo de sujetos que pretendió tomarse un cuartel del Ejército en el sur de Quito, como un golpe de Estado. No puedo quitar de mi memoria las imágenes que pasaba la televisión de grupos de personas armadas de grandes palos que corrían por las calles de la capital, asolando todo lo que encontraban a su paso. El incendio del edificio de la Contraloría fue un acto intencional, pues los incendiarios buscaron los pisos donde se encontraban archivos y materiales que podían inculpar penalmente a ciertos ciudadanos. Me pregunto si todos esos destrozos intencionales tienen que ver con la resistencia a la opresión del Gobierno, porque el de Moreno no lo fue.

También me interrogo si quienes quieren justificar la destrucción de una ciudad se apropian de la palabra resistencia, que tan ilustres antecedentes tiene en la historia mundial del siglo pasado, de los franceses contra la criminal tiranía nazi. Ni el Gobierno de Moreno, ni el de Lasso, pueden ser acusados de exceso de autoridad.

En estos días se abusa de los recursos jurídicos para casi obtener impunidad. Hemos visto abogados defender causas innobles. Claro que pueden hacerlo, siempre por paga. De algo se debe vivir. Nuestras leyes sustanciales y procesales permiten el abuso, al socaire de defender a las personas y sus derechos. Pero pretender que nos olvidemos de la destrucción de octubre del 2019 es pedir algo que una autoridad legislativa con un mínimo de dignidad y sensatez debería rechazar de plano, por improcedente, porque no hubo causa para el levantamiento, porque se propusieron derrocar al Gobierno de un Estado de derecho, porque abusaron de la permisividad de las autoridades municipales y se aprovecharon del temor a usar la fuerza que tuvieron algunos militares a quienes privaron de la libertad, obedeciendo órdenes o consignas de quienes organizaron las manifestaciones. Fueron actos voluntarios, planificados, violentos, destructores. ¿Quieren que nos olvidemos de esa injusta y amarga acción vandálica? No debemos. Sería un grave error concederla. (O)