La delincuencia, con justa razón, ha alarmado a la ciudadanía. Los medios de comunicación se hacen eco de ello y cierta histeria se apodera de algunas personas, que llega a desconocer los derechos de los delincuentes o sospechosos de serlo. Tanto, que la sola mención de que tienen derechos los incomoda. “Si te roban, di que te intentaron matar”, sugieren en las redes sociales. La presión social alcanza las más altas esferas políticas, que, inmiscuyéndose en asuntos que son propios de otra función del Estado, se entrevistan con un policía condenado en primera instancia por el delito de extralimitación de funciones al haber eliminado físicamente a un asaltante y a quien facilitaba su huida. Coloca fraternalmente ese alto funcionario estatal su mano en el hombro del gendarme y aún más, le ofrece asesoría legal.

Tal es la presión social, que los agentes piensan que tienen una especie de patente de corso para hacerlo, como el permiso que antaño las autoridades de varios Estados otorgaban a los dueños de un navío para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. El enemigo es el transgresor o presunto transgresor para el policía.

En el caso señalado, en el año 2021 el gendarme logró exitosamente que fugara un joven asaltante que amenazaba con un cuchillo a un menor de edad. En cumplimiento de su deber persiguió al joven para capturarlo, quien se subió a la moto que conducía otra persona. El uniformado le disparó y mató a los dos. El tribunal que juzgó al agente lo condenó a una pena de prisión de la tercera parte de la mínima que le correspondía, por considerar que existían atenuantes de su responsabilidad al extralimitarse en la ejecución de un acto de servicio. Pudo haber sido castigado por el delito de homicidio, puesto que ninguna fuerza era ya necesaria usar, como exige el tipo penal del crimen por el que fue juzgado, dado que huían los abatidos. El policía aduce que corría riesgo su vida, porque había sido amenazado. No lo demostró. Algunos le creen, quieren creerle, no les importa los hechos, aún sabiéndolos. “Hay que exterminar a las ratas”, proclaman. Para ellos, las existencias de los caídos valen menos que las de los gendarmes, algunos cruelmente asesinados por personas que deben recibir todo el rigor de la ley.

Según el Derecho Internacional, la policía sólo debe usar los medios letales como último recurso, para protegerse o proteger a otros del peligro inminente de muerte o lesiones graves y sólo si las demás opciones son insuficientes. Así se han pronunciado la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos homicidios cometidos por la policía en el mundo no cumplen esos criterios de necesidad y proporcionalidad, como ha denunciado Amnistía Internacional, una organización que transparenta violaciones a derechos humanos dondequiera que se produzcan.

Hay ejemplos horrorosos de Estados donde la brutalidad policial reina. En Filipinas, su presidente Rodrigo Duterte dirige una “guerra contra el narcotráfico”, en la que se ha exterminado a miles de personas, las organizaciones de derechos humanos sostienen que, a mayo de 2020 son 27.000 las víctimas, lo que ha hecho que la Corte Penal Internacional inicie una investigación por delitos de lesa humanidad. Llegan individuos a cualquier lugar y disparan, muchas veces a inocentes, incluyendo a niños.

En Brasil, los habitantes de las favelas tienen más miedo a los policías que a los delincuentes. La Policía de Río de Janeiro en 2019, ya con Bolsonaro de presidente, mató a 1.810 personas. La política presidencial ha sido la de fomentar que los agentes aniquilen con impunidad, facilitar el acceso a las armas de la población y endurecer los castigos. “Quien ejecute a un criminal debe ser condecorado, no procesado” dijo el mandatario. ¿Es lo que proponen los que respaldan al gendarme ecuatoriano que disparó a matar a dos personas? Los uniformados, según Amnistía Internacional, tiran a la espalda o cuando sus perseguidos tienen los brazos en alto, rematan a los heridos, impiden la atención o evacuación de los lesionados, hacen aparecer a las víctimas como hampones, amenazan a los testigos. ¡Y no se los investiga! Cuando fue diputado Bolsonaro manifestó que mientras su país no adopte la pena de muerte, el crimen de exterminio era bienvenido. En el Estado de Bahía un grupo mataba jóvenes pobres por 50 reales. Y es que los prejuicios racistas están presentes en Brasil, en Francia, en el Reino Unido, en EUA, entre otros países. Las víctimas son jóvenes negros, pobres, varones. Muchos de los reos asesinados en nuestras celdas recientemente eran pobres, presos por robar teléfonos. La inseguridad por el crimen es grande, pero también lo es la provocada por la miseria.

Algunas personas interrogan a quienes cuestionan la actuación policial abusiva, cómo pensarían si el chico amenazado por el asaltante fuera su hijo. Válida la pregunta, mas, podríamos inquirir también ¿y si los muertos por el agente fueran sus hijos? Hay que recordar la presunción constitucional de inocencia, sólo los jueces, anatematizados a veces injustamente, pueden evaluar si existe una infracción penal y la identidad de sus responsables. La ley no encubre al delincuente ni el Ecuador es un país donde tienen más derechos los transgresores que sus víctimas, como ligeramente se sostiene. La Policía debe cumplir su deber con la ley en la mano, no atropellándola. Si existen unos 900 policías investigados, debe preocuparnos, no que se indague, sino que haya gendarmes que sacrifican vidas, integridades físicas, libertades, sin legitimidad y con impunidad. (O)