Los dirigentes indígenas están organizando movilizaciones de protesta para los próximos días. Saben que tienen un enorme poder en sus manos. Dicen que han consultado a las bases y que estas quieren expresar su inconformidad con los resultados de las elecciones organizadas por una desprestigiada autoridad electoral. Creen que su candidato el señor Pérez debe pasar a la segunda vuelta y puede ganar la Presidencia.

Estas movilizaciones son temibles. La de octubre de 2019 fue muy destructiva. Dicen que los daños a la ciudad de Quito fueron obra de vándalos infiltrados y que los indígenas nada tienen que ver con el incendio del edificio de la Contraloría. Los vimos en la televisión nacional. Corriendo veloces por las calles de la ciudad, sin temor a la policía. Eran imparables. Fue muy organizado. Usaron como base los parques y el edificio de la Casa de la Cultura. Hubo vía libre para los desmanes. El motivo, ya no importa. Fue una clara demostración de poder. Ahora quieren imponer a su candidato usando la misma fuerza.

Ahora tienen el mejor escenario a su favor: un Gobierno débil, económicamente quebrado, corroído por la corrupción, sin apoyo parlamentario. Con un presidente al que ya le faltaron el respeto cuando uno de los dirigentes de aquellos días se presentó a dialogar emplumado, sin camisa y con la cara pintada de negro. Prepotente y malcriado, buscaba protagonismo y tuvo su cuarto de hora de audiencia nacional.

Las bases indígenas son muy obedientes. Hacen y deciden lo que les mandan sus dirigentes. Muchos de estos son sensatos y prudentes. Otros tienden a la violencia y se dejan llevar por odios y rencores viejos que vienen desde el incario, porque los incas fueron amos explotadores de los pueblos originarios, los quitus, los panzaleos, los puruhaes, los cañaris. La explotación colonial recién terminó cuando en 1970 Velasco Ibarra decretó la extinción del huasipungo y de todo trabajo precario.

En estas condiciones, el movimiento indígena tiene todo a su favor. Pero la causa es ilegal. También se le opone la institucionalidad. El Gobierno tiene fortaleza en su misma debilidad. A nadie le interesa que se caiga, porque se cae todo el sistema, incluyendo las elecciones y sus resultados. Su sostén es el respeto a la ley, a la democracia. Hay que acatar las normas electorales, no porque sus autoridades lo digan sino porque los ciudadanos estamos obligados a respetarlas. No es ético ni lícito alegar los derechos humanos solo cuando conviene cobijar en ellos las ambiciones personales.

Grave es la responsabilidad de quienes manejan la fuerza de las masas. Tienen que ser prudentes y no echarles la culpa de sus actos a otros, al Gobierno, a la Policía que reprime los desmanes, a infiltrados que aprovecharán la oportunidad para saquear y robar.

Se concentrarán en Quito, sede de los poderes públicos. ¿Qué hace su alcalde, el hombre escurridizo que desaparece cuando las papas queman? ¿Se esconderá tras su grillete electrónico o se armará de valor para organizar la defensa de su ciudad? ¿Qué harán los capitalinos?

Roma no se hizo en un día, señor Yaku Pérez. Su lucha recién empieza. (O)