El problema de las cárceles tiene décadas de cocción a sangre y fuego, lejos de llegar al punto de ebullición mantiene una violencia dantesca e incontrolable que continuará regándose a las calles a menos que lo inusual ocurra. ¿Qué sería eso? Que desde el Gobierno se logre un modelo de política carcelaria y de rehabilitación creada con varios grupos políticos y medios de comunicación guiados por expertos de múltiples disciplinas. Sin duda la integralidad del sistema de seguridad nacional sería el mejor plan a construir, pero la visión política de cada participante complicará los acuerdos cuando su éxito es dependiente de cambios radicales y estructurales que requieren más educación y tiempo, amén la madurez política de los participantes. Mientras, lo urgente son las cárceles.

Desde hace varios años, la improvisación de autoridades cuando no su demagogia al buscar soluciones inmediatas ha llevado a hacer lo contrario a políticas de rehabilitación exitosas del siglo XXI. Ejemplos son construir cárceles inmensas sin ni siquiera agua potable, mucho menos espacios adecuados para recuperación social y tratamiento de los internos. Mantener la lentitud del sistema judicial, quien aumenta la sobrepoblación carcelaria por el abuso de la prisión preventiva y su desidia a emitir sentencia a más del 40 % de los presos o, aún peor; sin tener jueces de penas para liberar a quienes cumplieron sus sentencias, ofrecer la prelibertad y beneficios de rebajas de penas. Ni hablar del descuido en inteligencia y fuerzas armadas para controlar las fronteras, cada día más porosas al contrabando y las taras del tráfico de combustibles, armas, drogas y personas.

Pero lo peor son los políticos especialistas en mantener la ignorancia de sus partidarios. Su contribución a la mala educación ciudadana parte de gritar que hay que meter más gente a las cárceles como única forma de castigo hasta para los que cometen delitos menores o peor son consumidores de drogas. Ese populismo infernal les sirve para mantenerse en la palestra a costa de aumentar los prejuicios de sus votantes. En la ciudad con mayor inseguridad y violencia es inadmisible oír al líder –del partido que la maneja por 30 años– decir que el gobernante no ha movido ni el meñique contra la violencia. Es el PSC quien desvergonzadamente hace campaña política para eliminar la tabla de consumo de drogas, es decir, aumentar la crisis con más presos sin tratamiento para adictos y aún peor contribuyendo a crear nuevos consumidores. Hablar con ellos de legalización y rehabilitación es un ejercicio de paciencia democrática.

El otro líder arenga a sus seguidores desde el ático en el que se refugia luego de más de una década de un modelo carcelario nefasto que lejos de lograr reintegrar a la sociedad a quienes cometieron delitos los inserta en bandas sanguinarias. El hacinamiento provocado por embodegar en megacárceles a las personas las deshumaniza mientras destroza sus derechos y futuro. El problema de fondo es la pobreza reflejada en niveles bajos de educación del 99 % de presos. La masificación de la criminalización es la respuesta rápida a no afrontar la inequidad del país. El plan contra eso merece una concertación nacional urgente. (O)