En los alrededores de la Penitenciaría del Litoral se escuchan las detonaciones y disparos que ocurren con frecuencia en el interior de ese recinto. Sobrevuela el helicóptero de la Policía. La versión digital de los medios de comunicación reporta lo ocurrido, otras veces se les adelantan los videos difundidos en redes sociales de celebraciones en los pabellones, de torturas extorsivas o de matanzas. En los noticiarios de horario habitual y en la prensa escrita se conocerán luego las reacciones de autoridades y analistas.

Narrado de esta manera, parecería que nos vamos acostumbrando. Pero no es así.

Momentos antes de escribir estas líneas, estaba revisando titulares en el teléfono celular, y no faltó el alusivo a la crisis carcelaria, que decía: “Tres detenidos por intentar ingresar armas a Penitenciaría del Litoral”. La madrugada del viernes 12, la Policía detectó fusiles, dinamita, granadas, municiones y otros objetos que estaban en unos bultos. La malla fue cortada con cizalla. Recordé entones el anuncio del gobernador del Guayas de que se comprarán escáneres para evitar el ingreso de armas por la entrada a la cárcel.

También recordé el comentario de la ministra de Gobierno, ante la salida en prelibertad de Luis Salazar, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones: “Me parece que los jueces deberían también apoyar la lucha en contra de la delincuencia organizada y no proceder de manera tan expedita a poner en libertad a un líder de una banda y colocarlo de nuevo en las calles de la ciudad”.

En alusión a ese hecho, recibí por chat este mensaje: “La solución no es sacar los militares a las calles; la solución es sacar los jueces y fiscales corruptos de la Función Judicial”. Le pregunté al remitente –un usuario del sistema judicial–: ¿Cuál será el porcentaje de jueces y fiscales corruptos? Su respuesta: “Entre 60 % y 70 %. De estos, unos estarán dispuestos a matar a su mamá, otros no, pero sin aceite no caminan… ¡Es desesperante!”.

También en estos días se aprobó la creación de una Comisión de Intervención Emergente del Estado en Centros de Privación de Libertad, liderada por la Defensoría del Pueblo y conformada por una nutrida nómina de representantes de varios organismos, instituciones y dependencias, con eje de seguridad y eje social.

Víctor Araus, excomandante de Policía de la Zona 8, opina que en Ecuador no hay una verdadera formación para quienes están al frente de las cárceles: “En otros países, quienes dirigen una cárcel tienen maestrías en ese tema, se hacen posgrados, son gente especializada en rehabilitación”.

Con estos antecedentes, surge una pregunta obvia: ¿Por dónde empezar para no seguir perdiendo tiempo? La respuesta deben tenerla los especialistas en el tema. Pero es preciso no dejar de considerar que el nivel de corrupción y amenaza criminal que existe en el país coarta la capacidad de respuesta que puedan dar quienes sean designados para intentar controlar la crisis carcelaria.

También hay que analizar cómo se gestan nuestros delincuentes y por qué la corrupción encuentra cabida. Empecemos por prevenir que los niños de hoy no sean en pocos años la carne de cañón del crimen y la corrupción. (O)