Fueron 18 días de miedo y de preocupación, de más pobreza y de exclusión, de indignación y de frustración. Poco o casi nada ha quedado del Ecuador tras esa horrible paralización, en la que vimos cómo la intolerancia, la incapacidad para dialogar y negociar reinan en la dirigencia política.

También vimos a un Gobierno al que se quiso liquidar para generar un vacío de poder y romper el Estado de derecho. Ratificamos quiénes son los protagonistas de este atentado contra la débil democracia del país y cómo poco importan los problemas de los sectores excluidos y, el más complejo de todos por sus ramificaciones, el de seguridad, que está relacionado con el crimen organizado, el narcotráfico.

Esos largos y difíciles días se convirtieron en un nuevo capítulo de la polarización, que esta vez mostró un mejor manejo en redes sociales por parte de los indígenas. Los mensajes fueron más efectivos y coordinados. Esto sin pensar en que la mayoría de los ciudadanos quedó atrapada, víctima de las consecuencias de los cierres de carreteras, del envenenamiento del agua en Ambato, del cierre de negocios bajo amenaza de ser saqueados... en suma, formando parte de un espectáculo estremecedor, en el que escuchaba relatos llenos de descalificaciones, insultos, división y negación de todo lo que no entra en lo que cada grupo consideró correcto o adecuado, como si la realidad se resumiera en binarismos de blanco y negro, claro y oscuro, buenos y malos.

Toda la gente que fue víctima de este enfrentamiento también se quedó con incertidumbre y a la expectativa de mirar cómo se van a distribuir las responsabilidades. No sería dable que luego de que millones de personas debieron mantenerse en sus casas, sin poder trabajar, sin encontrar comida, gas o medicinas, deban ahora ser testigos de la impunidad, de la inacción de las autoridades o de una acción que quiera pasar este hecho al registro de la historia como que no hubiese ocurrido o se tratase exclusivamente de una protesta social. La discusión debe centrarse en dar respuestas a quienes pagaron las consecuencias, que fue la mayoría de ciudadanos de este país. No se puede quedar únicamente en quien violentó o agredió y en los derechos de un grupo. Esto es sobre las personas que quedaron en el medio.

Con ello no digo que no se sancione a quienes hayan cometido excesos por parte de la fuerza pública o a los protagonistas de los actos vandálicos que vimos. Lo que digo es que los dos bandos protagonistas deben afrontar las responsabilidades que pagaron por adelantado los ciudadanos de Quito, Latacunga, Riobamba, Ambato, Ibarra o Puyo.

El juego del que puede más por la fuerza no debe ser el ganador. Quedaron demasiadas heridas, desconfianza, inseguridad, molestia entre quienes compartimos un pedazo de tierra y nos identificábamos como ecuatorianos. Un camino para comenzar a arreglar este país roto es que se actúe bajo la ley, se atiendan las necesidades de los indígenas, el Gobierno mejore su gestión y se reconstruyan las líneas de diálogo a todo nivel. Ese también es un camino para mostrar la pluralidad de una sociedad, que necesita espacio para la mayor cantidad de voces. (O)