La proforma de presupuesto general del Estado (PGE) presentada por el Ministerio de Economía es tradicional: las autoridades son demasiado optimistas acerca de los ingresos y subestiman los egresos. Adicionalmente, suelen practicar malabares contables para que pensemos que gastan menos de lo que realmente gastan.

El economista Rodrigo López Santos, de la Universidad San Francisco de Quito, publicó recientemente un análisis de la proforma y empieza por señalar que los supuestos de ingresos son demasiado optimistas, particularmente la esperanza de recaudar $ 1.024 millones adicionales en ingresos tributarios luchando contra la evasión. Resulta llamativa la mutación del director del SRI, Francisco Briones, que cuando era un analista independiente dijo: “En crisis lo adecuado es contraer el gasto público para dejar más recursos en los bolsillos de las familias y acelerar la reactivación económica”. Ahora, como director del SRI, lidera un orwerlliano “Plan de Control Rápido”, mediante el cual el SRI selecciona a empresarios, futbolistas e “individuos de alto perfil” y los investiga para ver si su estilo de vida corresponde con su pago de impuestos.

El problema no está en la recaudación, sino que sigue estando allí donde lo identificó claramente el ministro Pablo Arosemena cuando presidía la Cámara de Comercio de Guayaquil en un artículo, cuando dijo: “En lugar de andar recortando libertades, se deberían enfocar en recortar el gasto público improductivo” (2016).

... pretende hacernos creer que gastará menos, se hace de la vista gorda frente a los focos de corrupción...

López Santos señala que otra esperanza no sustentada de ingresos por $ 1.008 millones es aquella contemplada por “monetización de activos”, dado que no se sabe en qué estatus se encuentran el proceso de venta del Terminal Marítimo Monteverde y el Proyecto Hidroeléctrico Sopladora. Si esto no se materializa, el déficit fiscal bordearía los $ 4.000 millones en lugar de los $ 2.630 millones.

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Un llamativo y lamentable malabar contable es desaparecer la cuenta de financiamiento de derivados del petróleo de las cuentas del PGE. Esta maniobra le permite al Gobierno presentar una importante reducción nominal (léase imaginaria, ficticia) del gasto.

Atrás quedó el análisis de la calidad del gasto. Por ejemplo, el gasto corriente crece un 12 %, destacándose un importante crecimiento de la masa salarial del sector público en más de $ 700 millones. Se requieren reformas estructurales que mejoren la calidad del gasto de tal manera que no sigamos lanzando más dinero en sacos rotos.

También continúan y crecen las transferencias al IESS, que protagoniza con frecuencia los casos de corrupción más estelares sin que haya siquiera una discusión acerca de cómo evitar su quiebra inminente. Continúa también la ineficiencia en las empresas públicas. Llama la atención que de los $ 15.812 millones de renta petrolera nacional que se esperan en 2023, tan solo un 21 % ($ 3.372 millones) llegue al PGE. El 36 % de la renta petrolera se destinará a cubrir costos de las empresas públicas petroleras, que tienen las nóminas más grandes de entre todas las empresas estatales.

El Gobierno pretende hacernos creer que gastará menos, se hace de la vista gorda frente a los focos de corrupción y nos dice que el problema somos nosotros, que necesitamos mayores controles y vigilancia, por nuestro bien, claro está. (O)