Con gran consternación, vivimos en días pasados las consecuencias del aluvión que dejó a su paso muerte y destrucción en las calles de Quito, así como los efectos del desbordamiento de varios ríos en la Sierra y la Costa. Estos terribles acontecimientos han tenido lugar en un contexto complicado, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, que aumentó la situación de vulnerabilidad de millones de personas.

Nuestra época encadena una crisis con otra, y ante numerosos riesgos existentes, no hacer nada frente a ellos nos lleva a vivir un escenario complejo y recurrente, donde quienes más pierden son quienes menos tienen.

Cada vez con más crudeza vemos cómo estos riesgos se acumulan y son multisistémicos, convirtiéndose en desastres con altos costos para el desarrollo de los países. Así, se van sumando las consecuencias del cambio climático, una deficiente planificación territorial, la crisis sanitaria y económica por COVID-19, con factores estructurales, como la pobreza y la desigualdad, generando retos para la efectiva gobernanza.

¿Cómo prevenir estos riesgos? ¿Cómo reducirlos? ¿Cómo lograr que la población sea más resiliente y menos vulnerable? Son las preguntas que nos debemos plantear.

Es importante contar con la debida preparación para responder cuando ocurre una emergencia; sin embargo, hay que dedicar más esfuerzos a la dimensión de la prevención. Por tanto, cada actor social tiene que asumir diferentes niveles de responsabilidad y decisión, comprender que un territorio posee diferentes riesgos y amenazas, y promover medidas adecuadas para minimizarlos.

En este contexto, no cabe duda de que se requieren instrumentos para la planificación y la gestión del territorio enfocados en reducir el riesgo de desastres, con una visión holística.

Ecuador, país pionero en incluir la reducción del riesgo de desastres como una prioridad constitucional, tiene que, entre otras posibilidades, acordar una ley que sea un instrumento eficaz para que todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos tengan reglas claras que les permitan reducir los riesgos, evitar la pérdida de vidas humanas y los nocivos efectos e impactos.

Ecuador es un país multirriesgo, expuesto a la erupción de volcanes, a sismos y tsunamis, que se deben a su ubicación en el globo terráqueo, y a deslaves e inundaciones, que son frecuentes en determinadas épocas del año y que se ven agravados por el cambio climático. A esto se suman riesgos de otra índole, como los tecnológicos o industriales. ¿Acaso podemos permitirnos ignorar o simplemente despreciar esta realidad?

La reducción de riesgos es una prioridad para el Ecuador que, si no es atendida, compromete su desarrollo y el bienestar de toda su población. (O)


* Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)