El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Ciadi) es una convención internacional que cuenta con la adhesión de 155 países en el mundo. Es uno de los convenios multilaterales que goza de mayor aceptación. Sus miembros incluyen naciones de economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas, y de diferentes tintes políticos, que están repartidas en los cinco continentes. Nuestros vecinos Colombia y Perú forman parte de este convenio, por ejemplo. Así como los Estados Unidos, China, México, Francia, Panamá, Suecia, Alemania, Honduras, Filipinas, Australia, Argentina, Costa Rica, entre otros. El convenio, en esencia, crea un centro administrativo y establece un procedimiento arbitral para la solución de controversias entre los Estados miembros y los inversores nacionales de otros Estados miembros del Ciadi, procedimiento al que los países miembros pueden optar si así lo consienten. La forma más común de dar dicho consentimiento es mediante la celebración de tratados de protección de inversión. En ellos generalmente la solución de disputas con los inversores extranjeros será mediante un arbitraje Ciadi. Es allí cuando el mecanismo del Ciadi deja de ser una opción para tornarse vinculante.

La finalidad del Ciadi es fomentar el flujo de inversiones extranjeras proveyendo a los inversores y a los Estados receptores de esa inversión un marco de seguridad jurídica para la solución de sus posibles controversias. Hay una creciente literatura económica que busca verificar si esa finalidad es cierta o no. Los resultados apuntan al menos a encontrar una marcada asociación entre la adhesión al Ciadi y el flujo de inversión, especialmente en naciones que más la necesitan. Igualmente, varios estudios han refutado la simplista afirmación de que los tribunales Ciadi están sesgados en favor de los inversores en sus decisiones. La realidad parece ser más bien la contraria.

Habiendo suscrito el Convenio Ciadi en 1986 y ratificado en 2001, el Ecuador resolvió abandonarlo en 2009. Eran los años en los que el país gozaba de una extraordinaria bonanza fiscal gracias a los precios del petróleo. Apenas un año antes, el precio del petróleo había superado los 130 dólares por barril. Eran los años también en los que nuestro país era gobernado por un populista irresponsable y corrupto, un bufón mediocre con delirios de grandeza, que resolvió que el Ecuador debía abandonar este convenio. Lo hizo con el absurdo argumento de que el Ciadi constituía un crimen contra la soberanía nacional. Es decir que a su criterio los 155 países del mundo que forman parte de este convenio internacional son un ejército de imbéciles que han aceptado que la soberanía de sus Estados sea violada sin más.

El presidente Lasso ha resuelto que el Ecuador regrese al Ciadi. Es una decisión acertada. El país requiere de inversión extranjera y la membresía del Ciadi es necesaria, aunque no suficiente. Mucho más hay que hacer para atraer inversión, especialmente en cuanto a la corrupción que es su principal obstáculo. El Ciadi por su naturaleza no requiere de ratificación por parte de la Asamblea (art. 419), ni es un tratado a los que se refiere el art. 422 de la Constitución, por lo que la nota de ratificación podría darse sin demora. (O)