Hace algunos años mi hermana me escribía desde Uruguay, preocupada por los excluidos, por los que quedan al margen de los beneficios de una sociedad que se encierra entre muros, rejas, candados y cámaras para conseguir la seguridad aislándose cada vez más de lo que consideraba peligroso, construyendo guetos para los que poseen algo que defender. Vivimos en una prisión, me decía. Donde los delincuentes están sueltos y los demás estamos en cárceles autoconstruidas. Si seguimos así, el país entero será una prisión. La evidente paradoja de esa afirmación me provocó y comencé a mirar con más cuidado lo que ocurría en mi entorno cercano. Con el tiempo, los hechos mostraron que su exageración, además de desafiarme, describía una realidad de miedo en la que todos buscamos protegernos. No solo las ciudadelas privadas tienen guardias, intercomunicadores, barreras, cámaras. En casi todos los barrios de la ciudad, aun en los más humildes hay guardias nocturnos y en muchos también diurnos. Se cuida la cuadra, la manzana, se desconfía del forastero, del que se acerca a la tienda y no conocemos, del que anda en moto. La inseguridad pone a todos en una situación de angustia cuando alguien sale y tarda o no se reporta. Los jóvenes se sienten acorralados.

He recorrido cárceles del país, de la mano de la Comisión de Pacificación y Negociación. Es distinto llegar de improviso, entrar en los pabellones sin resguardo, ver, oír, palpar. Oler. Sudar. Ser picado por mosquitos, ir a los servicios higiénicos, las duchas. Las cárceles son, en muchos aspectos, verdaderos centros de tortura. Seres humanos tratados casi como cosas. Me maravilla la capacidad de resiliencia de PPL hombres y mujeres para poder mantenerse más o menos cuerdo en esas condiciones.

Y reflexionaba si esa es la manera de lograr justicia. Reparar el tejido social roto por los robos, las rapiñas, las muertes violentas, el narcotráfico requiere ser abordado desde múltiples ángulos. El de las fuerzas del orden que deben intervenir y reprimir. Pero a mediano y corto plazo hay que prevenir. Hay que invertir en la educación, para todos y adecuada a las realidades que se viven, que permita desarrollar un espíritu crítico y ayude a pensar por sí mismo. Hay que educar en áreas técnicas que permitan profesionales dignos, que obtengan recursos de su trabajo y no deban recurrir al micro y narcotráfico para sostener sus familias. Castigar inhibe de cometer delitos, pero el miedo no es buen consejero; no aborda lo esencial, la dignidad de cada ser humano, por el solo hecho de serlo, que hay que defender y proteger.

¿Cómo rehabilitar? ¿Cómo integrar en la ciudadanía a aquellos que de alguna manera siempre estuvieron fuera? La mayoría de las PPL vienen de ambientes pobres o empobrecidos. Muchos otros que han cometido delitos perversos, pero cuentan con medios políticos o económicos, no están allí. La corrupción también mata, los grandes robos institucionales han cercenado miles de vidas que no contaron con los remedios necesarios, ni la educación que hubiera sido su pasaporte a una vida mejor. Muchas PPL entran y salen de las cárceles una y otra vez, verdadera puerta giratoria que gira sobre sí, pues no están aptas para escapar de la fuerza gravitacional que las arrastra en el torbellino de ser consideradas siempre un peligro. (O)