Para combatir al general Ignacio de Veintemilla, cuya dictadura se había prolongado por siete años desde que destituyó al presidente constitucional Antonio Borrero, y para impedirle, como era su intención, continuar en el poder, nació en el Ecuador un movimiento de Restauración Nacional que, luego de seis meses de combates, derrocó al dictador y restableció el orden constitucional. Ese movimiento fue integrado por personalidades de distinta vertiente política, conservadores y liberales. Un movimiento así necesita el Ecuador de hoy para salir de este estado de descomposición política cercano a la anarquía. Las actuales mayorías de geometría variable le tienen en vilo al país, que no sabe, no adivina, cuál prevalecerá cada día. Esto no puede seguir así; la llamada muerte cruzada es necesaria, pero, por sí sola, no arreglará lo tan esmeradamente desarreglado; hará falta un cambio constitucional. Alcanzar un nuevo orden, con instituciones realmente democráticas, no se logrará con las normas absurdas de la Constitución de Montecristi que son las que nos tienen perdidos en este laberinto. Muerte cruzada y derogatoria de la Constitución de Montecristi se necesitan la una a la otra. Ahora bien, el botón atómico de la muerte cruzada solo puede ser encendido por el presidente de la República. Sería una medida heroica. Ya me imagino cómo tratarán de disuadirlo algunos de sus asesores con las encuestas en la mano. Las encuestas sirven en algo sobre el momento presente, no luego sobre el hecho apabullante que sería el del decreto de disolución de la Asamblea. Un acto de coraje siempre es admirado y mueve a las multitudes que siguen al fuerte, es decir, al líder. Es cada vez mayor el clamor que demanda la muerte cruzada. Una consulta referida solamente a reformas constitucionales deberá pasar, primeramente, por el filtro de la Corte Constitucional, la que calificaría la constitucionalidad de las preguntas propuestas y la procedencia del trámite. Si todo esto es superado, es probable, como ha ocurrido anteriormente, que unas preguntas sean aprobadas y otras no, con lo que se perdería la unidad del propósito, quizá el sentido de la reforma sometida a consulta popular. Además, al no haberse recurrido, previamente, a la muerte cruzada, los asambleístas de los bloques mayoritarios desatarán una campaña feroz en contra de las reformas. Aun entre los asambleístas afines al Gobierno habrá división de pareceres. Otra cosa sería si se consultase a la ciudadanía sobre la derogatoria total de la Constitución de Montecristi y que quedase vigente la inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada, como lo ha planteado el doctor Simón Espinosa. Tesis que combina muy bien con la de la muerte cruzada, que al disolver la Asamblea dejaría sin poder a los actuales asambleístas. Tengo la impresión de que el Gobierno se inclina a convocar a una consulta popular limitada a algunas reformas constitucionales, como aquella de reducir atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, pero eso, aun si las reformas son aprobadas, significaría resignarse a convivir con los bloques de oposición que continuarían impidiéndole desarrollar sus planes de gobierno, y el problema continuaría. Complejo problema, muy difíciles decisiones. (O)