La ministra de Gobierno ha comenzado a llenar el vacío político que se hizo evidente desde la posesión presidencial. Entre las primeras señales que ha enviado está la posible convocatoria a una consulta popular. La ministra se ha cuidado de anunciar los temas que se tratarían en esta, pero las pistas indican que se apuntaría a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a una reforma de la Asamblea Nacional. La consulta se realizaría en alguna fecha aún indeterminada dentro del presente año.

La posibilidad de un evento de esa naturaleza coloca al debate en tres planos: el de los contenidos, el de la ocasión política y el de la modalidad de la consulta. En cuanto al primero, hay fuertes argumentos para sostener que el CPCCS es un organismo ajeno al entramado republicano y democrático, a la vez que estatiza la participación y le quita su espontaneidad y su autonomía. Por tanto, su eliminación sería un paso adecuado y necesario para fortalecer a la propia ciudadanía y reconstituir el entramado institucional que asegura el equilibrio y control entre las funciones del Estado. Al contrario, las reformas que se sugieren para la Asamblea –reducción del número de sus integrantes y bicameralidad– no tienen el sustento adecuado y pueden producir efectos colaterales negativos. Un menor número de asambleístas es una medida demagógica que incrementaría la desproporción existente entre población y representantes. El sistema bicameral exigiría reformas colaterales que no consisten en la simple diferenciación entre las funciones de legislación y fiscalización.

En cuanto a la ocasión política, cabría que el Gobierno se pregunte si le conviene a él y al país que, en una situación en la que confluyen varias crisis (sanitaria, económica, social), se añada una de carácter político. No es buena idea pedirle a una ciudadanía que está agobiada por los problemas del día a día que debata en profundidad unos temas que le resultan ajenos y que vote reflexivamente. Es un avispero que solamente está a la espera de la oportunidad para agitarse. No se ve la necesidad de que un gobierno débil, sin un partido que lo sustente, emprenda en una aventura como esa. Todas las organizaciones que ahora lo apoyan en el Legislativo saldrán a la búsqueda de los réditos que se logran al ocupar un puesto en la oposición.

Por último, si de todas maneras se quiere impulsar la consulta, cabe ponerle atención a la modalidad de esta. Nuestra larga historia en este tema nos coloca en el segundo lugar entre los países latinoamericanos en número de consultas populares, pero en el primero en cuanto a iniciativa por parte de los gobiernos. Con una sola excepción, todas han sido hechas por los gobernantes, es decir, desde arriba hacia abajo. De esta manera, estos instrumentos de democracia directa han perdido gran parte de su contenido democrático, se han convertido en instrumentos de la lucha política y en verdaderos referendos sobre el gobierno. Al ser este el que las convoca, se coloca en el ojo de un huracán que amenaza con destruirlo. Muy distintos serían tanto el alineamiento de fuerzas como sus consecuencias si la consulta fuera el resultado de la iniciativa ciudadana. ¿O será que el Gobierno busca un revolcón político? (O)