La oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDC) colabora con Ecuador en el desarrollo de su política de seguridad. La información la dio el representante para el país y Perú, Antonino De Leo, el miércoles de la semana pasada, en el marco del VII Congreso de la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (Cipri).

De su exposición hay que resaltar algunos temas que, según dijo, se están considerando en la propuesta. La primera es que se debiera partir de lo que plantean las convenciones de Palermo y Mérida, y cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 y la Agenda 20-30.

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¿Qué dicen esas convenciones? La primera es una suerte de hoja de ruta para enfrentar al crimen organizado, basado en la experiencia italiana, en su lucha contra las mafias. La segunda se concentra en la lucha contra la corrupción. En el caso del Objetivo n.º 16, plantea la reducción de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.

Esta base permitiría que se genere lo que él denominó las 4P: prevenir, perseguir, promover y proteger. La prevención se refiere al impulso a normas y acciones en campos como la lucha contra la extorsión. La persecución se refiere a la fuerza y apoyo que se dará a la Justicia, así como su independencia, para impulsar los diferentes procesos. La promoción está vinculada directamente a la lucha contra la corrupción y la protección a la lucha contra la mafia, en donde la sociedad civil debe involucrarse.

El objetivo final, según dijo, sería tratar de golpear el corazón de las actividades delictivas del crimen organizado, que está en lo económico y en el desarrollo social, para lo cual se requiere de un trabajo mancomunado.

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Aunque el proyecto final del Ejecutivo no se lo conoce aún, sí se pueden plantear preguntas con base en lo dicho por ONUDC y el adelanto que hiciera el presidente Lasso de que se solicitarán $ 5.000 millones para sacarlo adelante: más allá de lo declarativo, ¿existe el interés de todas las instituciones, gobierno, sociedad civil de enfrentar este problema?, ¿cómo convencerán especialmente a los Estados Unidos de que aporten con dinero cuando no hay control de la corrupción en el interior del país?, ¿cuánto apoyo real –no solo declarativo– se dará a los jueces anticorrupción para que afronten este tema altamente sensible y muy difundido en la sociedad?, ¿se le está dando suficiente importancia al desarrollo en general del país?

El plan de seguridad –que el Gobierno ha dicho que es reservado– puede marcar el futuro del país en el corto, mediano y largo plazo, porque pudiera sentar las bases de una política de Estado, de ahí su importancia estratégica y la necesidad que el tema de desarrollo sea transversal.

Con el desarrollo se generan oportunidades económicas y se garantizan salud, educación, vivienda, entre otras. Y de esa manera no solo se reconstruye la presencia de la fuerza pública –que por ahora debe ocuparse de recuperar las zonas tomadas por los grupos criminales–, sino que se genera una real e integral presencia estatal. (O)