Según la concepción tradicional, los servicios públicos son la manera cómo se atienden las necesidades públicas. Originalmente se pensaba que solo el Estado podía atender tales necesidades, pero el tiempo mostró que también los particulares eran capaces de hacerlo. Lo que verdaderamente importa a la ciudadanía no es quién presta el servicio público sino los resultados; si se cumplen los estándares de continuidad, accesibilidad, calidad, responsabilidad, etcétera. Por supuesto, si los servicios causan daños, estos deben ser indemnizados.

La eficiencia, la calidad de los servicios públicos, su buen gobierno se mide con objetividad, no con subjetividad. En la ruta hacia lograrlos no deben incidir factores ideológicos, partidistas, prejuicios. El Estado y la sociedad conservan su soberanía. Cuando se requieren grandes inversiones para la prestación de servicios públicos y los Estados no tienen dinero para solventarlas, gestionan su operación por parte de particulares, los cuales reciben a cambio tarifas equitativas. Ejemplos excelentes de gestión privada de servicios públicos son la operación del aeropuerto de Guayaquil y el dragado de los goles y su mantenimiento. ¿Por qué son excelentes? Porque las bases y los contratos que los regulan fueron concebidos con estrictez, protegiendo el interés general, a los usuarios, pero respetando grandemente los derechos y la seguridad jurídica de los inversionistas. Esta misma excelencia es perfectamente replicable a otros proyectos de interés nacional y local. Sólo hay que trabajar con seriedad y responsabilidad, equilibrando los intereses, trabajando con gente experimentada, seria y decente, alejando toda incursión política e ideología. En el campo de la delegación de los servicios públicos existe la gran ventaja de que los contratos y las bases de contratación son elaborados por las entidades contratantes, es decir, estas tienen el control de su contenido. No hay modelos. El éxito o el fracaso depende, además de otros factores como la confianza, de las propias entidades contratantes.

En este nuevo gobierno existe la oportunidad de trabajar con objetividad en la prestación de servicios públicos con inversión privada. Debe rodearse bien. Hay reyes de la palabrería que en los contratos introducen conceptos imperdonables, como la garantía del volumen de usuarios, pero escritos con tal habilidad que lo dicen implícitamente no en forma expresa. Y el problema queda para el Estado…

El análisis sobre la ejecución y la ejecución misma de proyectos de interés general con financiamiento privado es parte del derecho a la buena administración pública que está consagrado en el Código Orgánico Administrativo, y que nació en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Parte del éxito de esta nueva administración puede depender de la ejecución de tales proyectos. Para ello se necesita mínimo dinero público, pues el financiamiento corre a cargo de terceros, a los cuales hay que controlarlos bien y sin abuso.

Hay muchas cosas que cambiar: las licencias ambientales pueden obtenerse en mucho menos tiempo si se delega el proceso previo a su emisión. Se gana en imagen y sobre todo en resultados. ¡Manos a la obra! (O)