Un ejercicio elemental de psicología proyectiva diría que la rabieta de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba puede expresar una confesión de parte. Las decenas de veces que la han acusado de actos irregulares no le provocaron una reacción como la que tuvo con la denuncia hecha por los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador. Visiblemente ofuscada, con un lenguaje soez y cargado de insultos, confundía tiempos, personajes, situaciones y agredía a quien se le ponía adelante. Todo ello porque en la denuncia constaba un viaje a Ecuador que ella habría hecho en un avión privado de Alex Saab, actualmente encausado por testaferrismo en Estados Unios.

La explicación del descontrol de la exsenadora se encuentra en la dimensión del asunto en que podría verse envuelta si se comprobara que estuvo en ese viaje. Ella no niega una cierta relación con Saab, pero sostiene que se debe únicamente a que ambos provienen de la misma ciudad y tienen raíces libanesas. Una relación más cercana con ese oscuro personaje, como sería la que llevaría a formar parte del viaje privado, echaría por tierra esa explicación y afectaría seriamente a su carrera política. Además, dadas las vinculaciones de Córdoba con las élites bolivarianas, complicaría a importantes actores de la política en Colombia, en Ecuador y sobre todo en Venezuela.

Aunque el asunto al que se refiere la denuncia de los asambleístas ecuatorianos parece insignificante en relación con las acusaciones que pesan sobre Saab, puede llegar a tener mucho peso en el proceso que enfrenta en Estados Unidos. Los fiscales norteamericanos apuntan a probar que él actuó como testaferro de Nicolás Maduro en negociados multimillonarios que, en parte, habrían servido para evadir las sanciones impuestas sobre el Gobierno venezolano y, fundamentalmente, para llenar los bolsillos de los integrantes de la cúpula chavista. No descartan encontrar vínculos con el narcotráfico y con seguridad seguirán la ruta del dinero. En ese camino serán muy útiles las evidencias proporcionadas desde la Asamblea ecuatoriana, porque son operaciones registradas en entidades oficiales (Banco Central, Servicio Nacional de Aduanas, entre otras).

Las denuncias de la comisión legislativa y la reacción desbocada de la exsenadora colombiana ya han generado nerviosismo en exautoridades ecuatorianas. La explicación de estas parece de comedia. Por un lado, intentan desvalorizar la acción de los denunciantes porque no la presentaron en el pleno de la Asamblea, donde seguramente esperaban contar con los votos para silenciarlos y, con proclamas patrioteras, impedir el viaje a Colombia. Por otro lado, se empeñan en demostrar que el sistema Sucre era uno más de los mecanismos de compensación en el mercado internacional y, por tanto, no se puede suponer que allí haya un delito. Con esa lógica, el atacante que usa un bate de béisbol podría justificarse diciendo que ese es un instrumento deportivo y por tanto no le pueden imputar una agresión.

Seguramente quienes escogieron el nombre para ese sistema de compensación lo hicieron pensando en el mariscal de Ayacucho y en la remembranza de la antigua moneda ecuatoriana. Quién sabe si imaginaron que, apegados a la dulzura de su etimología catalana, unos de los suyos lo tomarían como el dulce más apreciado de estos lados. O, quizás sí lo imaginaron. (O)