El Gobierno y los representantes de la Conaie, la Feine y la Fenocin firmaron un documento con 218 acuerdos alcanzados en diez mesas técnicas; el seguimiento para su cumplimiento es la siguiente fase de este proceso. (EL UNIVERSO, 16 de octubre de 2022). Pero en la misma edición consta que la Conaie en su asamblea anual, que tendrá lugar entre el 4 y 5 de noviembre, evaluará “los resultados de las diez mesas técnicas que fueron parte de los diálogos con el gobierno de Guillermo Lasso”. Luego, se dice que de lo que las filiales de las tres regionales evalúen dependerá las acciones por seguir, incluso sobre posibles movilizaciones. Nada es definitivo, por tanto, y los dirigentes de la Conaie van a solicitar de sus mandantes su confirmación de lo por ellos actuado. Lo propio le corresponde hacer al Gobierno nacional: demandar del pueblo del Ecuador su aceptación de lo comprometido en su nombre; es decir, convocar a una consulta popular para obtener la ratificación de la ciudadanía de lo más saliente, particularmente lo que se refiere a la moratoria parcial de la explotación petrolera, y a la general de la explotación minera mientras no se dicte una ley de consulta sobre la materia; lo que podría no darse nunca. El desarrollo del país en manos de la Conaie; y queda en las nubes el propósito del Gobierno de duplicar la producción petrolera. Estas son las causas principales de que se dispare el riesgo país. También debe ser consultado el que el Estado entregue con autonomía la educación intercultural bilingüe a las organizaciones indígenas, lo que servirá para adoctrinamiento; la educación es una función irrenunciable del Estado.

La ‘comisión de seguimiento’ a los compromisos asumidos por el Gobierno sería esencial para evitar nuevas manifestaciones

Las preguntas de la consulta popular de Guillermo Lasso a las que dio paso la Corte Constitucional

En la consulta popular, la Corte Constitucional ha eliminado dos preguntas del trámite propio de enmiendas y dictaminado que ellas deben pasar a la Asamblea como sujetas al trámite de reforma parcial de la Constitución. La pregunta medular del planteamiento del Gobierno es la sexta, que busca transferir a la Asamblea las facultades nominadoras que hoy tiene el Consejo de Participación; afortunadamente, la Corte ha aceptado la procedencia del trámite vía enmienda, pero la objeta porque en los anexos el Ejecutivo se ha reservado excesivos poderes para la selección de autoridades. Depende del Gobierno –de su sensibilidad– el presentar un nuevo texto, más equilibrado, que evite el desbalance de poderes que ocasiona la objeción de la Corte. Una consulta que no incluya esta pregunta, pierde su sentido, y no valdría la pena llevarla adelante. Lo del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía se mantendría condicionada a la declaratoria del Estado de emergencia. Además, la Policía es reforzada constantemente, y con el anunciado aumento de treinta mil efectivos, doblará el número total de las Fuerzas Armadas. La Policía debe estar sujeta al control civil antes de que se convierta en un poder incontrolable, como ocurrió en Centroamérica. La Policía debe volver a ser parte del Ministerio de Gobierno, que en el presente año se transformó en una mera función de enlace con la Asamblea. (O)