Ante la cosecha invernal de arroz, es oportuno reconocer los errores y omisiones que permanecen bajo la alfombra del precio mínimo de sustentación. El Gobierno nacional tiene la oportunidad de intervenir en el sector arrocero con una combinación innovadora de herramientas que propicien relaciones de poder más equitativas.

Buena parte de la cosecha de arroz proviene de suelos inundables, de predios de cinco hectáreas de extensión promedio, que no admiten la siembra de otro producto. Desde el 2002, la productividad de los cultivos ha aumentado 60 %; mientras el consumo, solo 25 %. Por ello, se tienen excedentes frecuentes y menor superficie sembrada. Esto causa caídas en el precio al productor durante las épocas de cosecha, ya que aquel, además, carece de capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, los niveles de humedad del grano cosechado lo hacen muy perecible, poniendo en desventaja al productor en sus negociaciones con la industria de pilado. Luego, piladoras y mayoristas gestionan los inventarios hacia cadenas de autoservicios y tiendas independientes. Ante tan fuerte desbalance de poder negociador, la intervención pública debe incluir medidas tales como:

Hay que darle un mejor enfoque a los programas de asociatividad de productores. Estos deben darse alrededor de agendas concretas en materia de transferencia de recursos al productor y mejora de su poder comercializador. Un paso necesario es la dotación de servicios de secado de baja escala a asociaciones capaces de operarlos apropiadamente. Aportaría días valiosos para agotar opciones de venta, hoy casi inexistentes. Este hecho ya mejoraría la percepción de riesgo financiero del productor y le facilitaría más opciones de financiamiento. Además, como se sugirió en el caso del maíz (Maíz: un asunto de todos, enero 26/2022, EL UNIVERSO), establecer un mercado de certificados de depósitos de arroz daría liquidez al productor y regularía los inventarios en el canal.

Del otro lado, se debe incentivar la integración hacia atrás de las grandes cadenas de autoservicio. Las más grandes han evidenciado sus propósitos de comprar directamente a los productores agrícolas, en un número creciente de categorías. Esto reduce, en aquellas cadenas, el espacio —y los márgenes— de intermediarios y distribuidores, hoy retados a convertirse en operadores logísticos para permanecer en el negocio. De darse en el caso del arroz, se generarían eficiencias que favorecerían al productor y al consumidor.

Como en el maíz, aquí también se hace necesario formalizar y transparentar el canal de comercio. Que se generalice entre productores, piladores y mayoristas la facturación con tarifa cero. Se conocerían públicamente stocks y flujos, lo cual daría más poder al productor, minimizando inventarios en el canal y los desequilibrios actuales de poder. Al hacerlo para maíz y arroz, el Servicio de Rentas Internas dejaría un legado sin precedentes.

Hasta entonces, el precio de sustentación seguirá, incólume, expresando la impotencia de lo público para articular herramientas que mejoren las actuales relaciones de poder en el sector arrocero. (O)