La cubierta forestal pierde hectáreas minuto a minuto, la degradación del suelo crece significativamente, la población carece de suministro de agua potable debido a la contaminación industrial, agrícola y domiciliaria, la acumulación de partículas en suspensión hacen del aire un compuesto tóxico en áreas urbanas y periféricas. Alertas que la naturaleza nos da para accionar el derecho al medio ambiente como acelerador de la transición ecológica hacia el desarrollo sostenible.

Una transición que obliga al Estado a respetar, es decir, no perturbar los procesos esenciales de la naturaleza ni amenazar su aptitud biológica; proteger a las personas que resulten de una u otra forma privadas del derecho por la destrucción u hostilidad en contra del orden ambiental, y prever cualquier peligro o daño irreversible al ecosistema; garantizar la formulación y aplicación de medidas en caso de que algún o algunos miembros de su población acrediten la vulneración del derecho al medio ambiente y, promover el mejoramiento de las condiciones ambientales. Una obligación progresiva, donde el Estado debe proceder lo más expedita y eficazmente posible, con el aprovechamiento pleno del máximo de los recursos que disponga y con la prohibición de reversibilidad del progreso alcanzado en el ejercicio del derecho al medio ambiente.

La obligación constitucional es clara para el Estado; sin embargo, la empresa también se integra a esta obligación, que al no ser vinculante ni justiciable, resulta ser ante todo una conducta moral pronatura; es decir, esencialmente centrada en la protección integral del medio ambiente, a través de una eficacia estratégica en los cuatro niveles de la obligación: respetar, proteger, garantizar y promover el derecho al medio ambiente; entendiendo esta obligación como un límite y a la vez un estándar de la gestión empresarial. Estándar exigible que abre posibilidades de acuerdos comerciales, inversión extranjera, empleos de calidad, financiamiento verde, modernización tecnológica y operativa, que capitalice la cooperación internacional, especialmente económica y técnica.

Los gremios y cámaras que representan a la empresa privada deben crear mecanismos de comunicación, debate y diálogo con los poderes públicos para establecer prioridades accionables y tiempos de ejecución, tanto para el Estado como para el sector empresarial, que estimulen medidas destinadas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos al medio ambiente. Al no hacerlo, se podría plantear, por ejemplo, un instrumento que declare al Estado y las empresas en mora o incumplimiento de sus obligaciones, que transparenten la responsabilidad política y empresarial que derive de su actuación “morosa” ante sus propios ciudadanos, consumidores y mercado. Urge un liderazgo gremial con mayor definición, integración y orientación a resultados.

Fortalecer la alianza público-privada hacia una inteligente transición pronatura de nuestro modelo económico representa la oportunidad para lograr el efecto del triple dividendo: salvaguardar el medio ambiente, crear empleos decentes y reducir la pobreza. Una transición justa y limpia. (O)