En el referéndum de enmiendas a la Constitución convocado, tenemos tres opciones: Decir sí al Gobierno nacional en todo, decir no en todo o analizar cada pregunta para responder.

Por la primera alternativa se inclinarán quienes piensan que lo que ha hecho el régimen es correcto, o, más probablemente, que hay que apoyarlo para que no se hunda su barco.

Por la segunda sufragarán los que ven que el Ejecutivo no soluciona el desempleo, la falta de medicinas y otras necesidades en los hospitales públicos, la pobreza, las masacres en las celdas, propicia las privatizaciones, la solución de controversias con inversionistas extranjeros a través de un sistema de arbitraje internacional que ha probado carecer de imparcialidad y ser nocivo a los intereses nacionales, que alienta la intervención de potencias externas en nuestra democracia, que reprimió las protestas indígenas contra el hambre. Ven que Pandora no quiere abrir la caja para que no descubran sus Papers de las guaridas fiscales.

Y habrá ciudadanos que examinen cada pregunta, aunque el convocante haya dicho que quienes se oponen a la consulta son los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Declaración propia de un Zeus y no del jefe de un Estado que se precia de ser democrático y que recuerda su difamador aserto de que el paro indígena fue financiado por el narcotráfico.

(...) el Ejecutivo no soluciona el desempleo, la falta de medicinas y otras necesidades en los hospitales públicos, la pobreza...

En cuanto a la posibilidad de extradición de ecuatorianos que se quiere implantar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, es coherente con la Convención de la ONU de la materia y necesaria, pero, de aprobarse, pese a las salvedades que por consideraciones humanitarias y políticas se establecen, se deberá vigilar que no se use mal.

En lo atinente a las dos interrogantes relativas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), parte sustancial de la consulta: Pretende dejar sin efecto el derecho del pueblo a elegir a sus miembros, que en el referéndum del 2018 se instituyó. Es regresiva y por ende atenta contra la Constitución, por lo que la Corte Constitucional no debió declarar su procedencia. Es inaudito que se quiera burlar la voluntad popular y esgrimir el argumento de que en las elecciones de 2019 de los consejeros hubo un alto número de votos nulos y blancos, el 44,16 %, mas con esa lógica el consultante debería renunciar a su magistratura, toda vez que a octubre de 2022 tenía apenas el 17 % de aceptación ciudadana. Quiere quitar al Consejo la facultad de designar a altos funcionarios del Estado para entregarla a la Asamblea Nacional en base al trabajo de Comisiones Técnicas. Sin embargo, ya la Carta Magna prevé procesos de selección transparentes con participación ciudadana, que no se han cumplido desafortunadamente desde la creación del CPCCS, pero no ha fallado el instrumento sino el poder manipulador, incluido el actual.

Las otras propuestas, son antidemocráticas las relativas a la Fiscalía y la Asamblea Nacional, innecesaria la 4 porque ya está en la ley y las ambientales pretenden desviar la atención de políticas erráticas del Estado.

Una consulta ilegítima que busca legitimar a un gobierno deslegitimado. (O)