A quien le interese:

Los incidentes registrados con periodistas de Quito y Guayaquil, a los que remitieron sendos pendrives explosivos, nos deben poner en alerta sobre lo que este ya violento país –“ingobernado” más que ingobernable– está definiendo como horizonte.

Los comunicadores, amplificadores de contenido con licencia para liderar la opinión pública –con inocultables dosis de subjetividad, opinión personalísima y sesgo propio de la actividad de interpretar y comentar la realidad–, sienten que lo que se ha atacado mediante esta acción es un derecho universal irrenunciable: el derecho a la libertad de expresión. Su derecho a opinar.

Nada que vaya en contra de derechos adquiridos por el ser humano debería ser tolerado. Nos sumamos a la condena que desde varios sectores se ha puesto de manifiesto.

Ya que estamos embarcados en la defensa de los derechos adquiridos, esos comunicadores están obligados a pasar del reclamo a la demanda generalizada por velar los derechos de toda la comunidad.

¿Quién era Nathaly López, la directora administrativa del Teodoro Maldonado Carbo asesinada a balazos?

Con una exasperación que semeja a la provocada por la más lenta de las mechas lentas, asistimos expectantes a una ola de violencia, muerte, desempleo, emigración, secuestros, narcopolítica de altísimo nivel, aplicación de “vacunas”, sumado todo esto a la lenta muerte del servicio público.

Con una exasperación que semeja a la provocada por la más lenta de las mechas lentas, asistimos expectantes a una ola de violencia...

Derecho constitucional irrenunciable es, por ejemplo, el acceso a una educación laica y gratuita garantizada por el Estado. El pico más elevado de demanda de acceso a la educación superior en la Universidad de Cuenca superó los 21.000 estudiantes en un solo año, cuando la capacidad de admisibilidad estudiantil era de seis mil nuevos cupos. Acá hay una evidente vulneración de derechos que no ha tenido respuesta del “Gobierno del Encuentro”, que no sea reducción de presupuestos.

Es un derecho constitucional irrenunciable aquel relacionado con el acceso a los servicios de salud. La pandemia del COVID-19, de cuyo proceso de vacunación se enorgullecen quienes apoyan al actual Gobierno, puso a prueba la importancia de que los servicios de salud pública estén dotados con medicinas, equipos operativos, personal capacitado y dispuesto a atender a los grupos más vulnerables de la población. Para mí, los comunicadores que recibieron tan peligroso artefacto deben también exigir al Gobierno que atienda las permanentes demandas de la población.

A diario, el ciudadano común recibe, en plena cara, a quemarropa, con temeridad, a sangre fría, bombazos explosivos en forma de “vacuna”, de arranche, de secuestro, de crimen… Así como los incidentes de los periodistas de Quito y Guayaquil han removido los cimientos de la convivencia ecuatoriana, el que Juan sea empujado a emigrar porque no hay trabajo o educación debe provocarnos indignación. El que Vicente no logre un turno ni medicina para sus dolencias, aunque toda su vida haya aportado a la seguridad social, nos debería enfurecer. El que Blanca haya tenido que enterrar los restos de su hija asaltada, violada y asesinada nos debe espantar.

Apaguemos las mechas de todas las bombas. (O)