Dicen que debido a la escasez el Gobierno debe monopolizar la compra, distribución y aplicación de las vacunas, pero hay escasez de todo tipo de productos, incluso los alimentos, y no por eso su provisión es un monopolio estatal.

Lamentablemente, hasta este momento, no se ha permitido que surja un mercado de vacunas contra el COVID-19. Siendo el Gobierno el único comprador, nada impide que introduzca cambios al plan de vacunación, permitiendo simular algunas de las características de un mercado, como la competencia, el incentivo de las ganancias y el cuidado de la cadena de suministro.

Cuando se prohíbe la libre compra y venta, se agudiza la escasez y surgen los mercados negros. Si continúa el plan de vacunación centralizado, seguramente aparecerán vacunas falsificadas o robadas, pérdidas por mal manejo de la cadena de frío o por dejar expirar las vacunas, y se crea la oportunidad para que algunos paguen sobornos para saltarse la cola.

La provisión de vacunas a través de canales privados tampoco sería perfecta, pero sería más ágil y eficaz que la red pública. No tenemos que elegir entre realizar la vacunación a través del mercado o de las entidades públicas, los dos bien se pueden complementar.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, si bien el Gobierno ha sido hasta ahora el único importador, ahora ha liberalizado la importación de las vacunas y está vendiendo una porción de las que compró a las empresas privadas. Se han registrado más de 8.000 empresas desde hace dos semanas. Una de ellas, PT Pan Brothers TBK, se dedica a fabricar ropa, tiene 33.000 empleados y pretende comprar vacunas para 63.000 personas al Gobierno, cubriendo a familiares cercanos de empleados. Su vicepresidenta ejecutiva explicó que ya tienen un plan para priorizar a aquellos más propensos a ser infectados como los empleados que toman la temperatura en sus fábricas y aquellos de la tercera edad.

Hasta ahora, Indonesia había logrado vacunar a 2 millones de personas de los 181,5 millones de personas que el Gobierno pretende vacunar antes de marzo de 2022. Siti Nadia Tarmizi, una funcionaria de Salud de Indonesia, dijo que si las empresas pagan por las vacunas de sus empleados esto liberaría recursos del Estado para otras medidas que combatan el virus como la realización de pruebas, el rastreo de infecciones y vacunas a través del sistema público.

Al paso que iba la vacunación en manos del Estado en la India, se requerirían al menos cuatro años para llegar a la inmunidad de rebaño. La decisión inicial del gobierno de Modi de centralizar la vacunación en las agencias estatales resultó ser un cuello de botella en un país donde 75 % de los servicios ambulatorios y 55 % de los internos son provistos por el sector privado. Desde este mes, el Gobierno seguirá vacunando gratuitamente a todo el que se acerque a la red pública, pero permitirá que los indios se puedan vacunar pagando en los cerca de 20.000 centros privados a nivel nacional.

Permitir algo similar en Ecuador generaría descontentos por las desigualdades, pero se lograría vacunar a más personas más rápido. ¿No es ese el objetivo? O quizás me equivoco y debemos sacrificar todavía más vidas o arriesgarnos a que se den más mutaciones del virus en el altar de lo supuestamente justo. (O)