El gran repunte de los casos por la propagación de las variantes del coronavirus (principalmente la delta) y una desaceleración en las campañas de vacunación han llevado a algunos Gobiernos a tomar medidas que implican la exigencia de la vacunación para parte de la población.

El Parlamento de Francia aprobó el lunes una ley que exige un “pase especial” para acceder a restaurantes y para hacer viajes en el interior del país, y la ley obliga a todos los trabajadores del sector de la salud a que empiecen a vacunarse para el 15 de septiembre o serán suspendidos. También obliga a la gente a presentar un “pase sanitario” para ingresar en restaurantes, trenes, aviones y otros lugares públicos. Inicialmente se aplicará a todos los adultos, aunque también abarcará a quienes tengan 12 años o más.

El presidente Emmanuel Macron –ante las tensiones– dice que son necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables y a los hospitales debido a un repunte de las infecciones y para evitar nuevos confinamientos. La normativa tuvo una rápida repercusión, con un récord de inmunizaciones en un solo día, con 792.339 dosis aplicadas.

En Italia, desde este 5 de agosto todos los mayores de edad que quieran acceder a locales de ocio, restaurantes o bares tendrán que presentar el certificado de vacunación completa si quieren ser atendidos, no exigiéndose este certificado en los transportes de larga distancia, a diferencia de Francia, de acuerdo al decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

En España, la polémica de la obligatoriedad del uso de este certificado se ha extendido en algunas regiones costeras que lo han aprobado para entrar a bares y restaurantes. Otros países europeos, como Grecia, Portugal y Bélgica, van por el mismo camino del uso del “pase de inmunización”.

La Constitución del Ecuador establece que es un deber primordial del Estado garantizar el goce de la salud y que le corresponde formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. A su vez, la propia Carta Magna establece que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos el acatar las decisiones legítimas de autoridad competente, así como promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, principio –este último– del cual se podría empezar a sustentar una decisión.

La implementación del “pase sanitario” en el Ecuador, en un primer análisis lo veo viable para efectos de que pueda ser exigido para acceder a lugares públicos, como bares, restaurantes, centros comerciales. También veo viable que para cierta parte de la población (como trabajadores sanitarios) sea obligatoria la vacunación. Pero para efectos de la utilización de servicios públicos, como el de transporte terrestre o aéreo, el análisis se vuelve más complejo por cuanto nuestra Constitución elevó a la categoría de derecho constitucional el derecho a acceder a los servicios públicos, sin que ninguna norma jurídica pueda restringir a cero el ejercicio de un derecho. Queda mucho por discutir razonablemente. (O)