Un día como hoy hace tres años se declaró el estado de excepción en Ecuador por los graves disturbios ocurridos en las principales ciudades a causa de la eliminación de los subsidios al combustible, así como la paralización en el transporte público en el país. Estos disturbios incluyeron la quema de edificios públicos y canales de televisión, destrucción de propiedad privada y producción local, secuestro de policías, cierre de vías, entre otros delitos.

Aun así, el pasado marzo la Asamblea Nacional aprobó la amnistía para 268 líderes ambientales, indígenas y de derechos humanos, de los cuales 60 habían sido judicializados durante la protesta del 2019.

Tres meses después de la amnistía, el Ecuador fue testigo de un sinnúmero de actos vandálicos y terroristas, que no solo destruyeron propiedad privada, sino que además empobrecieron al Ecuador. De hecho, el impacto de los 18 días de manifestaciones repercutió severamente en los ingresos de los trabajadores, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. En julio, los trabajadores dijeron que su ingreso promedio del mes anterior fue de $ 286, lo que significa una reducción de 9 % en términos interanuales. El ingreso laboral promedio cayó porque las personas perdieron horas de trabajo por el bloqueo de las vías, lo que entorpeció su movilización. Otro problema fue la suspensión de actividades, como consecuencia de la poca presencia de clientes en los negocios o de las amenazas de saqueos.

Tres meses después de la amnistía, el Ecuador fue testigo de un sinnúmero de actos vandálicos y terroristas...

Las protestas de junio le costaron al país cerca de $ 1.000 millones, según el BCE. De esa cifra, $ 775 millones corresponden a pérdidas en ventas y exportaciones, sobre todo de los sectores avícola, florícola y turístico. Los otros $ 225 millones de pérdidas ocurrieron por la caída de la producción petrolera, principal producto de exportación de Ecuador.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, líder de las protestas del junio de 2022 y uno de los amnistiados de marzo por el paro de octubre de 2019, enfrentaba un proceso por la paralización de servicios públicos durante el paro nacional de junio de 2022. Sin embargo, hace pocos días, una jueza declaró la nulidad del proceso, retirando las medidas cautelares en su contra, como la presentación periódica ante el juez y la prohibición de salida del país.

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En este país, poco falta para felicitar y aplaudir de pie el vandalismo. El precedente de marzo es nefasto y el de la jueza es difícil de creer.

La palabra amnistía tiene origen griego y significa olvido, privación del recuerdo o pérdida de la memoria. La teoría dice que la amnistía tiene por resultado olvidar infracciones, dando por terminados los procesos y si estos ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas. En la práctica, difícilmente los ecuatorianos podemos olvidar 11 días de paralizaciones hace tres años y 18 días de paralizaciones hace tres meses, como si no hubiera sucedido.

No olvidamos fácilmente las pérdidas económicas, las políticas públicas afectadas por estas paralizaciones, las caras de quienes lo ocasionaron, ni de quienes perdonaron de un plumazo a los pocos que destruyeron lo que muchos construyeron. (O)