Jorge Macías Villamar, alias Fito, en rueda de prensa desde la cárcel nos dice que ya se ha rehabilitado. ¿La prueba? En estos años encerrado se ha graduado de abogado y ha cursado dos diplomados. A eso hay que añadirle que tiene más solvencia que el infortunado militar que necesitó decenas de tomas solo para explicar por qué juega vóleibol, o el vocero de la Presidencia que necesita echar a líderes indígenas de Carondelet con la ayuda de guardias porque para posicionarse no le basta con el habla.

En una sola toma, y al menos una videollamada, el abogado Fito muestra que la falta de rehabilitación es un mito: él está listo para tomarse al país por sorpresa cuando salga de la cárcel. Aparte del manejo del idioma en niveles superiores a muchos asambleístas y profesores, muestra un poder aparentemente incuestionable en la estructura política nacional, porque tras salir sin un rasguño de varias matanzas carcelarias vinculadas con él, Fito está ahí para darnos lecciones de vida. “Ya pasó”, nos dice.

Más de 300 presos asesinados en Ecuador este año, pero Fito no está en el ala transitoria de la Penitenciaría del Litoral, donde penan quienes no tienen dinero para que les den protección dentro de la cárcel. Fito está donde se reúnen los billetes, y la pantomima estatal de retomar control no es más que eso.

En el ala transitoria permanecen en el olvido detenidos por un delito menor sin sentencia o como medida cautelar mientras sus casos se entierran en la sistemática desidia del Estado. El Gobierno los recuerda solo cuando salen en titulares internacionales por haber sido asesinados a sangre fría en matanzas incontrolables.

El contador sin sentencia, el defensor de los derechos del agua acusado de sabotaje, una persona transexual que debía haber estado en la cárcel de mujeres, un joven que iba a ser liberado en esos días. Con más del 30 % de exceso en la población carcelaria y más del

24 % de hacinamiento, el crecimiento del crimen organizado, la inoperancia y confabulación de la policía, cualquier ecuatoriano se encuentra a merced de la violencia. Aun si se quisiera vivir agazapado en urbanizaciones cerradas, sin salir al cine o a una reunión, nadie está libre de que ladrones o secuestradores lo tengan en la mira.

Por eso ofende y preocupa que continúe en el cargo la comandante general de la Policía tras justificar que la última matanza en la Penitenciaría del Litoral se debe a que se liberó a un cabecilla de una pandilla carcelaria y con toda naturalidad añadir que nada más había una lucha por el control de un pabellón. Como si el Estado estuviera peleando por la pelota en un campo de juego cuando en realidad estamos a las puertas de una violencia generalizada.

Los cabecillas de los pabellones que han orquestado estas matanzas desde 2020 tuvieron acceso a sierras eléctricas y armas de fuego; sus adláteres salían a los patios con los cadáveres para celebrar en cámara, sin miedo a que se vean sus rostros. Si el Gobierno llegara a creer que lo único que las bandas carcelarias controlan es uno o dos pabellones por unas noches, estaría muy equivocado y por tanto lo estaría su estrategia. (O)