…les arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres. Hicimos un teatro para montar un supuesto combate, por la presión de los altos mandos”. Fue la declaración de un suboficial retirado del ejército colombiano, en la audiencia realizada ante un juzgado especial creado por los Acuerdos de Paz celebrados entre el Estado de Colombia y las FARC. Audiencia a la que asistieron los parientes de algunos de los más de 6.400 jóvenes pobres que fueron engañados y asesinados entre el 2002 y el 2008, haciéndolos pasar por guerrilleros para obtener beneficios y exhibirlos como trofeos de guerra. Otros militares han aceptado su responsabilidad en los nefandos hechos, entre ellos un general retirado. Lo hicieron a fin de recibir alternativas penas a la prisión, estipulado en los Acuerdos. Exdirigentes de las FARC fueron imputados por los mismos juzgados por miles de secuestros, quienes admitieron su culpabilidad.

El Estado, ante la falta de respuesta judicial por el compromiso y presión de los criminales, ha sido denunciado ante la CIDH.

Otro ominoso episodio del conflicto armado en Colombia es lo ocurrido con el partido Unión Patriótica, convertido en la tercera fuerza política en las elecciones de 1986, a la que, por ser de izquierda, no podía permitirse su ascenso, matando a dos de sus candidatos a la presidencia de la república, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes, a unos 6.000 militantes, cometidos durante 20 años, desde 1984, por agentes estatales y actores no estatales. El Estado, ante la falta de respuesta judicial por el compromiso y presión de los criminales, ha sido denunciado ante la CIDH.

“En Colombia se puede morir por defender una reserva natural, oponerse a un puerto, ser LGBTI, excombatiente de las FARC o pedir una distribución más justa de la tierra”, manifestó el director del Instituto Colombo-alemán para la Paz.

Esa es la Colombia de ayer y de hoy. Un ayer convulso que empezó con las protestas obreras de hace un siglo, por las pésimas condiciones de trabajo. Violencia que empezó con hechos como la masacre de operarios en las plantaciones bananeras de la United Fruit Company de 1928. 33 años duró el conflicto abierto, que cobró entre 113.000 y 300.000 vidas y la migración del campo a la ciudad de casi la quinta parte de la población. Entre otras causas estuvo el problema histórico de las tierras, despojo y concentración en pocas manos. Luego de una pausa recrudeció la guerra, siguió la exclusión, emergieron con más fuerza los movimientos de los excluidos y siguieron las matanzas de ellos, que crearon grupos políticos para luchar por sus reivindicaciones y armados para defenderse en lo militar, terminando en acciones que causaron más dolor a la población.

Así llegamos a las elecciones de 2022, con el gobierno del uribismo, aliado de los paramilitares causantes del mayor número de muertes, que exacerbó la desigualdad económica y social, enemigo de los Acuerdos de Paz del 2016, responsable de las graves violaciones a los derechos humanos frente a las protestas de abril de 2021. Su candidato, el mismo día que perdió la primera vuelta, anunció su apoyo a Hernández, que profesa un aprecio mutuo con Uribe, quien lo ayudó y cree que las mujeres deben quedarse en la casa. Si gana Petro, tiene un gran reto. (O)