Un candidato a alcalde de Salinas fue asesinado al estilo sicariato el sábado pasado; ese mismo día, en la madrugada, el hombre al que hicieron un atentado, el 11 de enero, en una clínica de Guayaquil donde se recuperaba de un primer ataque, no logra escapar del tercero, esta vez en el sector rural de Pedro Carbo. En el norte de Guayaquil se frustra un secuestro en que uno de los delincuentes vestía como policía. Así la ciudadanía sigue contando hechos delictivos y pérdidas humanas, mientras recursos judiciales son escudo para quienes incluso sentenciados salen en libertad.

El mismo sábado 21 de enero la Fiscalía General advierte su preocupación por la concesión de una medida cautelar en favor de un hombre que estaba condenado a 24 años de prisión por el delito de sicariato. Inicialmente su pena fue de 34 años con 8 meses de cárcel y en casación se redujo a 24. El crimen ocurrió el 14 de julio del 2019 en Riobamba.

El viernes 20 de enero recuperó la libertad con medidas cautelares que le concedió un juez de La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas le prohíben a este sentenciado por sicariato la salida del país y demandan su presentación una vez al mes ante la Fiscalía de Riobamba.

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Grave la arremetida delictiva que afronta el Ecuador. Tan grave y peligrosa como que los autores de crímenes atroces, femicidios, robos, secuestros y hasta delitos de corrupción tengan en las leyes la llave que los libera de la prisión para salir a seguir delinquiendo y causando daño a la sociedad.

Una actuación sabia y responsable es lo mínimo que se exige al sistema judicial, porque el hecho que se relata es el más reciente, pero lamentablemente no es el único conocido en los últimos meses.

Así como la fuerza pública se expone para detener a delincuentes y se apremia su actuación, se requiere una justicia transparente, libre de dudas en sus dictámenes. Solo cuando las leyes y quienes las aplican se manejen con pulcritud habrá esperanza de vivir en paz y los ciudadanos podrán devolverles su confianza. (O)