No debe permitirse que los reos, mediante acciones terroristas, pretendan dictar qué funcionarios deben ser removidos. El artículo 366 del COIP señala: “Terrorismo.- La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años…”.

Esa primera parte del artículo se complementa con diez numerales en los que se enlistan acciones específicas, como la detonación de artefactos explosivos, y se precisa que cuando esos actos produzcan la muerte de una o más personas, el o los autores serán sancionados con pena privativa de libertad de 22 a 23 años. A todas luces, los actos coordinados y perpetrados ayer en Esmeraldas y Guayaquil se ejecutan con la intención de mantener en estado de terror a la población y con ello doblegar a las autoridades.

Con panfletos atribuidos a bandas delictivas, que en ocasiones anteriores se adjudicaron atentados a medios de comunicación, se advirtió de acciones violentas si movían a reos de sus pabellones.

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En un video subido a redes sociales, grabado en un recinto penitenciario, se ve a medio centenar de reos escoltando a su cabecilla, quien pretende llamar la atención del presidente de la República para que cese las persecuciones y cambie a determinados funcionarios, caso contrario, dice, “les vamos a dar guerra”.

Ayer hubo la ejecución de explosiones en diferentes sectores y varios ataques armados contra policías en vehículos patrulleros o en recintos de la institución. Hasta la hora de redactar este editorial, ocho uniformados habían sido baleados en Guayaquil y Durán: tres fallecieron y cinco fueron hospitalizados. Ha sido una arremetida sin precedentes que requiere de una respuesta que les tome la delantera. (O)