Una nueva declaratoria de emergencia, por 30 días, entró en vigencia este 15 de enero en Perú. Incluye a Lima, Cusco, Puno y el puerto del Callao, y dispone restricciones en varias provincias y cinco carreteras.

La reciente crisis causaba hasta el sábado al menos 42 muertes. Independientemente de los responsables de las confrontaciones políticas y callejeras, que el vecino del sur determinará en soberanía y derecho, hay un daño enorme para las familias: las que han perdido a un integrante y las que ven un hueco irreparable en sus economías. Ninguna nación debería pasar por esto, sus gobiernos deben hacer todos los esfuerzos para recuperar la paz, el orden y devolver la posibilidad de prosperidad a quienes defienden su derecho al trabajo y a la movilidad limitados por las protestas.

El 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso peruano se disponía a votar en favor o en contra de la destitución del primer mandatario, Pedro Castillo, acusándolo de corrupción, él tomó una decisión que politólogos catalogaron como un suicidio político. Intentó frenar al Legislativo instaurando un gobierno de emergencia, pero la acción solo recibió condenas como un golpe de Estado. Perú posesionó en la Presidencia a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

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Imponen toque de queda en Puno, región de Perú con violentas protestas que dejaron 18 fallecidos

Pasaron pocos días y las señales de resistencia de partidarios de Castillo han ido creciendo y los disturbios dejan incalculables pérdidas en las zonas más turísticas de Perú. Los habitantes del sur también se mantienen del comercio y la agricultura.

Hay cancelaciones de paquetes turísticos al Cusco, pero el ingreso de visitantes a Machu Picchu está habilitado, sin embargo, a inicios de enero se dio la posibilidad de cambios de fechas de boletos o devolución ante la imposibilidad de llegar. Aquí un claro efecto de los que infligen un daño económico a quienes dicen representar.

Existe el derecho a la protesta en Perú, Ecuador y otros países, lo que no existe es el derecho a dañar a un pueblo.

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Un voto de paz por el país hermano y todas las naciones donde los vientos de disturbios pasan de la protesta a la violencia desenfrenada. (O)