El AutoShow 2025, que se desarrolló del 1 al 6 de julio pasados, no solo ofertó vehículos sino accesorios y servicios. Entre ellos estaban las empresas que ofrecen blindaje, una opción de protección en medio de la violencia por la que Ecuador fue declarado en conflicto armado interno en enero de 2024 y el pasado 16 de julio con el decreto 55 el Ejecutivo lo ratificó.
El alto número de consultas en la feria de autos evidencian el interés por la protección en un contexto de violencia y las cifras oficiales lo confirman. Datos de la Agencia Nacional de Tránsito revelan que en 2021 había 3.071 vehículos blindados registrados en el país, hoy llegan a 26.096, de los que 25.800 son de uso privado.
Los costos del blindaje no permiten a toda la ciudadanía tener acceso, pero esa tampoco es la solución, más allá de quienes han sido víctimas de la delincuencia aseguran sentir un poco más de seguridad al blindar sus automotores y los expertos lo recomiendan, particularmente para quienes desempeñan labores que los pueden poner en riesgo.
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El interés por el blindaje es un termómetro de la percepción de inseguridad que existe en el Ecuador. Mientras, el decreto establece que la persistencia del conflicto armado se basa en la concurrencia de dos criterios: la organización estructurada de los grupos armados y la intensidad de la violencia.
Si bien a diario la fuerza pública y el frente de seguridad del Gobierno anuncian logros frente de los grupos de delincuencia , la tarea es compleja cuando es innegable que han contaminado instituciones del Estado, otra vertiente por atender.
El trabajo en conjunto de las distintas funciones del país es clave, pero una purga se vuelve primordial para garantizar la efectividad. El blindaje que los ciudadanos buscan ahora para sus vehículos debe aplicarse a la institucionalidad y amplificar la lucha por la seguridad para que no sea la sociedad la que tenga que seguir amurallándose, enrejando sus casas y negocios o los que tienen las posibilidades de hacerlo, blindando carros. (O)
