Una sorprendente cantidad de embustes y estafas se cometen a diario, facilitadas porque hay un público receptivo, un ambiente favorable para la informalidad y escasas probabilidades de que los embaucadores sean denunciados y sancionados.

A raíz del escándalo por el caso de captación ilegal de dinero en Quevedo, han salido a la luz muchos otros –algunos incluso solo operan vía internet–. Esto muestra que hace falta concienciar a la ciudadanía, con lenguaje sencillo, de los riesgos de tolerar y aupar ilegalidades.

Aunque lo ideal sería que en el proceso educativo básico y bachillerato se vaya instruyendo a los estudiantes para que desarrollen un pensamiento crítico y dotarlos de nociones básicas de ética, legislación, finanzas y otras disciplinas útiles, para que puedan desenvolverse como ciudadanos que obren en torno a una convivencia armónica orientada hacia el bienestar personal sin descuidar el colectivo.

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Sin embargo, es la sociedad que tenemos; una que por momentos prefiere desentenderse de sus responsabilidades ciudadanas y de actuar con apego a la legalidad, para acceder a prácticas cuestionables, cuando no abiertamente delincuenciales, porque le reportan algún beneficio inmediato. Esto se observa tanto en los estratos bajos como en los altos, en esferas de alta inversión, en ámbitos burocráticos, gremios y demás.

Ayer, en Azuay, se detuvo a ocho personas que serían parte de un grupo delictivo con conexiones internacionales, vinculadas al presunto delito de tráfico ilegal de migrantes. Los detenidos no presentan antecedentes penales, pero la mayoría tiene hasta más de una veintena de registros de procesos judiciales por estafa o crimen organizado.

La impunidad social aúpa esas prácticas. Resulta casi normal, o le resulta indiferente a buena parte de la ciudadanía, que tal o cual juez favorezca a procesados concediendo solicitudes que echan abajo investigaciones policiales y de Fiscalía, afectando la administración de justicia. Hace falta concienciar a la ciudadanía. (O)