El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) unificó las tres demandas que se presentaron en torno a la aplicación de paridad de género para las elecciones del 20 de agosto de 2023 y ayer dictaminó que los binomios presidenciales deben estar integrados por hombre y mujer o mujer y hombre. En las listas de asambleístas se imponen los principios de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres.

Si bien el fallo puede ser apelado, ofrece más claridad a los partidos o movimientos políticos que tienen hasta el 10 de junio para inscribir candidaturas.

Como órgano de la democracia, el TCE debió enmarcarse en un análisis técnico legal que haga justicia a un país que en todos los ámbitos demanda transparencia para recuperar la confianza en sus instituciones.

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El llamado a las urnas se origina en el decreto de muerte cruzada firmado por el presidente Guillermo Lasso el 17 de mayo pasado. Corresponde valorarlo como una oportunidad para los actores políticos e instituciones públicas. La democracia debe salir fortalecida de los comicios que el Consejo Nacional Electoral llama extraordinarios, tras un capítulo nefasto de enfrentamientos entre Legislativo y Ejecutivo, que terminó poniendo en práctica –por primera vez– un derecho constitucional del mandatario, quien decidió enviar a su casa a la Asamblea Nacional.

Así como para el TCE el trabajo contra reloj no debía ser pretexto para actuar fuera de las normativas establecidas,

para los partidos y movimientos la asignación de un lugar en las listas de candidatos en corto tiempo no es un atajo para evadir la responsabilidad ética de postular gente proba.

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Es deseable que personas capacitadas y honestas decidan –en medio de esta transición– ofrecer su tiempo en función del país para que el Poder Legislativo recobre su reputación y salgan leyes y reformas que aporten al progreso sin que los intereses pesen más que el servicio a la ciudadanía. Sería ganancia para Ecuador y daría un real sentido a la política. (O)