El izquierdista Pedro Castillo, en calidad de mandatario de Perú, debía acudir ayer miércoles al Congreso. Había sido citado para afrontar un pedido de destitución por “permanente incapacidad moral”. En un intento por ganar terreno, él decretó la disolución del órgano legislativo. En contrapartida, los congresistas lo destituyeron y Dina Boluarte de la Vicepresidencia pasó a constituirse en la primera mujer en asumir la Presidencia de Perú.

Pedro Castillo fue trasladado a penal en el que está Alberto Fujimori

Sendas crisis provocaron anteriormente la destitución de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020. Ahora cae Castillo, un profesor de escuela y dirigente sindical que en primera vuelta obtuvo el 18,92 % de los votos y el 50,13 % en el balotaje contra Keiko Fujimori. En julio pasado, al cumplir su primer año de gobierno, atribuyó las investigaciones por presunta corrupción en su contra a una campaña mediática para destituirlo. Había eludido intentos de destitución el 7 de diciembre de 2021 y el 28 de marzo de 2022.

Qué hizo Pedro Castillo durante los 17 meses de gobierno y de qué lo acusaba el Congreso que lo sacó del cargo presidencial

Se conmina siempre a defender la democracia, se lo hace desde las diferentes ideologías, el propio Castillo –quien ya tenía abiertas en su contra cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía por sospecha de que encabezaba una presunta organización criminal para otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas– ante la OEA pidió en octubre activar la Carta Democrática Interamericana, porque a su juicio se estaba fraguando un golpe de Estado en su contra.

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Tramas de corrupción requieren de cómplices

La mejor manera de defender la democracia es cuidando que prevalezca la justicia, con procesos transparentes. Sin una justicia decente, la democracia cojea y los electores desconfían de la política, que es el otro gran puntal para una administración equilibrada de la cosa pública. Solo una justicia impoluta dará convencimiento a los electores de que son verídicas las acusaciones de corrupción y malversación de dineros públicos con las que se sindica y juzga a jefes de Estado y funcionarios que tejen mecanismos sin los que no serían posibles las defraudaciones. (O)