En cuanto se conoció el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia, que daba como ganador a Gustavo Petro, los titulares de los medios de comunicación y los analistas pusieron énfasis en que, por primera vez, ese país tendría un gobernante de izquierda.

Las expectativas sobre las decisiones que tomaría al ejercer su mandato este economista de 62 años, con experiencia como senador, alcalde de Bogotá y guerrillero, giraban en torno a cómo encararía el más difícil de los problemas urgentes de Colombia: el déficit fiscal. A un mes de su posesión, Petro anuncia que debe aumentar el precio de la gasolina, lo que podría acarrear inconformidad social.

El actual mandatario le atribuye al anterior la falta de pago trimestral de 230 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que en la sumatoria anual representa unos 9.200 millones de dólares. Con ese Fondo, que depende del Ministerio de Hacienda, se paga a productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales del combustible y los precios del mercado interno colombiano.

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Petro, en ejercicio del poder desde el pasado 7 de agosto, en cifras llanas dice que la mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina, y por ello plantea que el Congreso debata la necesidad de elevar el precio de ese combustible, porque al subsidiarlo se deja de atender otros problemas, como la nutrición infantil.

Colombia y Ecuador, con mandatarios de ideologías opuestas, enfrentan en común un creciente gasto en el subsidio a los consumidores de combustibles, y comparten la misma necesidad: reducirlo o eliminarlo, para poder redistribuir esos recursos en otras necesidades sociales más apremiantes. En ambos casos se impone que la población y los líderes políticos sopesen prioridades mientras se diseñan políticas que conduzcan a disminuir el consumo de combustibles fósiles por su fuerte impacto económico y ecológico. (O)