Al celebrar 201 años de independencia, Guayaquil transita hacia la recuperación pospandemia de COVID-19 mientras afronta los embates de la delincuencia común y del crimen organizado.

Al respecto, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que en la sesión solemne por la gesta independentista, prevista para la tarde y noche de ayer, entregaría al presidente un proyecto de ley que permita el porte y la tenencia de armas y la exigencia del pasado judicial de quienes ingresen al país, como era antes. De esa manera espera cerrarles las puertas a los delincuentes.

Las reacciones en las redes sociales se muestran a favor y en contra. El problema es complejo y requiere de un amplio análisis, pues la delincuencia no solo es importada; es consecuencia de otros problemas sociales y no dejará de existir si no se combaten las situaciones que la originan.

Publicidad

Un mapeo de las zonas donde brota la delincuencia permitirá detectar por qué algunas familias no pueden impedir que sus miembros incursionen en el tráfico y consumo de drogas y en otras actividades al margen de la ley, que van desde la delincuencia común hasta el sicariato.

Otro aspecto importante es la rehabilitación de quienes son apresados y sentenciados y que al recuperar la libertad deberían poder desempeñarse como ciudadanos productivos.

Como bien ha señalado la alcaldesa, el Municipio de Guayaquil y los ciudadanos de esta urbe han destinado presupuestos e implementos para ayudar a combatir la inseguridad pese a que esto no es de su competencia.

Publicidad

Y es que esta ciudad está hermanada con Durán, Daule y Samborondón; incluso, de otras áreas cercanas recibe a diario a miles de personas que van y vienen por trabajo, educación, atención médica y para realizar trámites o negocios. Por ello, la respuesta a la delincuencia debe articular los esfuerzos de las municipalidades cercanas, de las instituciones del Gobierno central, del sector privado y de todos quienes puedan aportar con visiones tendientes a hallar soluciones integrales y duraderas. (O)