La detención de su hijo mayor, Francisco Sebastián B. A., en la cárcel La Roca, en Guayaquil, investigado por presunta oferta de tráfico de influencias, ha puesto en un dilema a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, quien debe analizar varios escenarios antes de intentar regresar a Ecuador, entre los que podrían terminar con su destitución o sanciones.

Verónica Abad, al ser una funcionaria estatal, está sometida a cumplir dos leyes: la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), porque es embajadora; y, en las dos, necesita autorización de la autoridad respectiva para ausentarse de sus funciones y venir al país para ver a su hijo. De lo contrario, sería observada por abandono del cargo, cuya sanción es la destitución.

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Esto ocurre en medio de la fracturada relación política entre el mandatario Daniel Noboa Azín y Verónica Abad, a quien escogió para formar binomio para los comicios presidenciales anticipados de octubre de 2023.

La situación se hizo evidente después de la posesión oficial como mandatarios del 23 de noviembre de 2023, hasta que el 4 de diciembre, por decreto ejecutivo, Daniel Noboa la nombró embajadora de Ecuador en Tel-Aviv (Israel) con la única función de colaborar en la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina.

Aunque, según dijo Abad en una entrevista, su presencia en esa nación no cambiará en nada una guerra que es histórica.

Dice que quiere ver a su hijo, quien está preso en la cárcel La Roca de Guayaquil, al ser investigado por presunta oferta de tráfico de influencias, producto de una denuncia de Rommel P. Ch., excoordinador general de Comunicación de la Vicepresidencia de la República.

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Abad está en una «situación sui generis», sujeta a cumplir la Losep y la LOSE, por su dignidad de embajadora, y «para que vuelva al país, una autoridad debe autorizarla», explicó el secretario jurídico de la Vicepresidencia, René Zúñiga Tamayo, con base en una consulta que se había hecho al Ministerio del Trabajo.

«Los servidores estamos obligados a hacer lo que la ley nos faculta y su regreso, sin autorización, podría ser tomado como abandono del cargo», opinó Zúñiga.

La segunda mandataria, en una entrevista con el programa Centro noticias de la estación OPA de Costa Rica, difundida el 23 de marzo, contó que acudirá a los organismos internacionales de derechos humanos para demandar la afectación a sus derechos, por enviarla a Israel, relegarla de cualquier función del Estado, impedirle dar declaraciones y no permitirle retornar al país sin autorización de la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero.

Ni el jefe de Estado ni el Palacio de Gobierno se han pronunciado sobre el caso Nene ni sobre sus reclamos.

Abad cuestiona que está supeditada a las decisiones de los ministros de Estado, a rendirles cuentas, así como a esperar que le den permiso para ciertas actividades.

Una de ellas es venir a Ecuador. Si lo hace para encontrarse con su hijo, el Ministerio del Trabajo la sancionaría porque la Losep -entre las catorce causales de destitución- establece abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos.

Mientras, la LOSE señala que «ningún funcionario del servicio exterior podrá dejar el cargo que desempeñe antes de haberlo entregado a su sucesor, salvo órdenes expresas del Ministerio de Relaciones Exteriores o absoluta imposibilidad de hacerlo. La infracción de este precepto constituye abandono del cargo».

Abad reclamó que la detención de su hijo y su posterior traslado a la cárcel La Roca sería una presión de Daniel Noboa para obligarla a dar un paso al costado, ya que no hay causales para destituirla mediante juicio político en la Asamblea Nacional.

Cree que la estrategia del Gobierno es quitarla del cargo para evitar encargarle las funciones de la Presidencia si Noboa decide participar en las elecciones generales del 2025 para buscar la reelección.

A criterio de la constitucionalista Verónica Hernández, no se podría iniciar un juicio político, pues el artículo 129 de la Constitución fija como causales el haber incurrido en:

  • Delitos contra la seguridad del Estado;
  • Delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y,
  • Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

En esencia, no se podría desvincular a Abad solo por una voluntad, comentó Hernández, pero lo que podría hacer Noboa es quitarle funciones como lo hizo el expresidente de la República Lenín Moreno con María Alejandra Vicuña, exasambleísta del correísmo.

El 3 de diciembre de 2018, Lenín Moreno suscribió el Decreto Ejecutivo 593 con el que «liberó» de funciones a María Alejandra Vicuña Muñoz, al ser investigada por la Fiscalía General de haber, según la teoría judicial, solicitado aportes económicos a sus colaboradores cuando era asambleísta para financiar las actividades del ,movimiento Alianza Bolivariana Alfarista.

Un día después de ese decreto, Vicuña renunció.

QUITO. La exvicepresidenta de Ecuador María Alejandra Vicuña en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en donde se la juzgó por concusión. Foto/Archivo

El catedrático y diplomático Carlos Estarellas explicó que en su condición de embajadora, si llega a ausentarse de sus funciones, podría declararse que abandonó el cargo y abrir un camino a la destitución.

Cree que una opción que tendría Abad es solicitar una licencia por calamidad doméstica, porque lo que le está pasando es de conocimiento público.

«Por sentido común deberían otorgarle la licencia, porque es una calamidad doméstica lo que le está ocurriendo. Aunque parecería que tiene miedo que se la nieguen, porque en la política cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, sería una torpeza negarle porque se afecta la imagen internacional del país, porque se ve una institucionalidad endeble y a una vicepresidenta de la República acudiendo a organismos de derechos humanos para pedir por sus derechos», reflexionó Estarellas.

La ley que rige el servicio diplomático permite conceder licencias con sueldo por casos de enfermedad o calamidad doméstica, que no podrán pasar de quince días, salvo el caso de enfermedad, en que podrá ser hasta por 90 días y será concedida por la Cancillería.

Desde las filas del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) se marcó distancia ante la posibilidad de tomar medidas políticas contra Abad.

La asambleísta Paola Cabezas calificó como «criminal» lo que está experimentando la vicepresidenta, como la detención de su hijo, «porque la quieren obligar a renunciar, como lo ha dicho ella».

Añadió que era una aberración el rumor de que hubo conversaciones extraoficiales entre la RC y Abad. «Hay gente que no sabe qué consume», ironizó la legisladora. (I)