El empresario Elon Musk sigue en la mira. El sudafricano gana notoriedad por sus controversiales decisiones como asesor de Donald Trump en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés).
Entre sus ambiciosos planes destaca la posible privatización de cientos de edificios federales, una medida que genera debate y escepticismo.
¿Por qué DOGE quiere vender edificios federales?
La administración de Trump, con Musk como figura clave, impulsa la privatización de “todo lo razonablemente privatizable”.
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Esta iniciativa se materializa en la venta de inmuebles federales para luego arrendarlos al gobierno, una táctica común en el sector del capital privado, reporta Fortune.
Ese mismo portal explica que, si bien la venta podría proporcionar una inyección económica a corto plazo, expertos consultados por el citado medio advierten sobre las implicaciones a largo plazo para los contribuyentes.
La justificación para esta venta se basa en la idea de liberar al gobierno de los impredecibles costos de mantenimiento de edificios antiguos.
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Sin embargo, críticos argumentan que se renunciaría a activos públicos valiosos que podrían generar ingresos futuros.
“Los activos son valiosos y se pueden generar ingresos a partir de ellos”, afirmó Donald Cohen, autor de “La privatización de todo” quien añadió “no renuncies a tus semillas”.
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La preocupación principal radica en que los inversores privados solo pujarán por estos edificios si anticipan ganancias, lo que indica que los alquileres resultantes no generarán ahorros para las agencias gubernamentales.
Alternativas como el subarrendamiento de espacios infrautilizados se proponen como soluciones más beneficiosas a largo plazo.
Además, se espera que la venta de edificios podría ser una estrategia para desmantelar programas gubernamentales considerados “despilfarro” por la administración Trump.
Elon Musk y Donald Trump con resultados agridulces por elección en Wisconsin y Florida
La reciente publicación y posterior eliminación de una lista de 500 edificios federales “no esenciales” por parte de la Administración de Servicios Generales (GSA) alimenta estas sospechas.
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Mientras la GSA continúa vendiendo edificios de manera discreta, la controversia en torno a la privatización de activos federales y el rol de Elon Musk en esta iniciativa persiste.
(I)
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