Un problema eléctrico que paralizó la producción en la planta La Toma por algunas horas puso en el centro de la opinión pública el servicio de agua potable en Guayaquil, a tal punto de que organizaciones sociales como el Observatorio de Servicios Públicos recurrió a la Defensoría del Pueblo a pedir la intervención de dicha instancia ante una posible vulneración de derechos.

Interagua y Emapag se desligaron de la responsabilidad en ese hecho y adujeron que el asunto era un problema de la eléctrica CNEL.

Por este caso “fortuito”, registrado el domingo 4 de agosto, y otras motivaciones, el Observatorio ha pedido incluso que se revisen aparentes causales para la revocatoria de la concesión que tiene Interagua por 30 años para dotar del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Puerto Principal. La empresa suscribió el contrato el 11 de abril de 2001.

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Desde ese año, durante la administración del alcalde Jaime Nebot, la firma fue la encargada de ejecutar tareas para incrementar la cobertura de agua potable en la urbe que en la actualidad alcanza un 98 %, según cifras de la misma compañía.

¿Debe tener Interagua una subestación eléctrica como plan de contingencia ante daños fortuitos que pongan en riesgo la operación de la planta La Toma?

A lo largo de las dos décadas, la labor de Interagua ha sido cuestionada por ciudadanos en cuyos sectores aún sufren de interrupciones en el suministro del líquido. De hecho, esta es la principal queja de moradores de sectores tanto populares como residenciales.

En Los Ceibos, por ejemplo, según algunos residentes, la vetustez de las tuberías genera que cada cierto tiempo el sistema colapse y en el interior de las viviendas rebosen líquidos. La presencia de hidrosuccionadores, señalan los vecinos, es frecuente.

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Manuel Morales, quien vive en este sector desde hace más de 20 años, refiere que estos desperfectos ocasionan que se interrumpa el flujo de agua en las casas por un lapso y que, al reanudar el paso del líquido, este salga con ciertas coloraciones.

“Las tuberías en Ceibos ya tienen más de 40 años y deben de ser reemplazadas. Es un sector residencial con problemas como los que se tenían hace más de 20 años”, recalca.

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Asimismo, María Elisa Jaramillo, moradora del sector de Urdesa central, cuenta que se le ha vuelto casi rutinario levantarse a las 04:00 para recolectar agua en tanques, porque durante el día el agua no cae por las llaves o sale con poca fuerza.

En otras ciudadelas, como Samanes y Alborada, la situación es similar. Luis Riera afirma que los cortes se dan entre dos y tres veces en la semana en su sector en Samanes 1.

En la planta La Toma, la empresa Interagua procesa el líquido que consumen los guayaquileños.

Ante un requerimiento de este Diario, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) informó que desde el 2007 hasta el 2022 ha impuesto a Interagua 90 multas que alcanzan un valor de $ 378.448.

De este número de multas, siete se han impuesto durante la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri, es decir, desde 2019 hasta la fecha. El valor de estas multas es de $ 166.438. La última que se aplicó, por $ 40.000, fue por emanación de olores en la planta de tratamiento Guayacanes-Samanes.

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Fidel Valdivieso, gerente de Emapag, explicó que las sanciones en su mayoría son por cortes de agua no programados o interrupciones que han sido comunicadas con anticipación, pero que exceden el tiempo preestablecido. La interrupción del suministro representa entre el 40 % y 50 % del total de multas impuestas a la concesionaria.

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Otra causa que ha motivado las sanciones son las denuncias de colectivos ciudadanos o ciudadanía en general por lo que ellos consideran ‘arbitrariedades’ que se han cometido desde el concesionario.

Cuando se presentan estos casos, indicó Valdivieso, se revisa y constata en el sitio la veracidad de lo que se denuncia. Desde el 2016 hasta la fecha, la empresa pública ha recibido 1.899 denuncias varias, de ese número 375 presentaron inconsistencias. En reclamos administrativos, en cambio, se registran 3.658 y en consultas varias más de 10.350.

Este Diario solicitó a Interagua información sobre cuáles son las razones principales de las interrupciones programadas y, en el caso de los cortes imprevistos, cuáles han sido las causas; pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.

Desde el Observatorio de Servicios Públicos se ha cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión de Interagua.

Por la reciente interrupción derivada de un problema eléctrico que provocó que la planta La Toma se paralizara y por otras razones, el Observatorio de Servicios Públicos, a través de su coordinador César Cárdenas, acudió el 7 de septiembre a la Defensoría del Pueblo para pedir al delegado provincial una acción de tutela con miras a proteger el derecho de los usuarios que se vieron afectados por el corte de agua.

A la par el colectivo solicitó que se inicien los trámites en procura de la terminación del contrato de concesión, según la cláusula 20.3.1, que establece esta posibilidad siempre que se haya incurrido en incumplimientos graves y reiterados en la prestación del servicio.

Cárdenas añadió, además, que a diario Guayaquil pierde 600.000 metros cúbicos de agua, porque hay 530 kilómetros de tubería de asbesto cemento que no han sido reemplazados.

De la reciente paralización de la planta La Toma por un fallo eléctrico, la concesionaria se ha desmarcado por cuanto aduce que el problema es de competencia de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Esa postura ha sido respaldada por la alcaldesa Cynthia Viteri.

Interagua, que es el mayor consumidor de energía de Guayaquil y uno de los 10 mayores del Ecuador, explicó que se paralizó la producción en la planta La Toma porque no contaba con suministro eléctrico.

La concesionaria tiene una línea de alta tensión que sale directo al sistema interconectado a la planta La Toma.

No obstante, hay quienes consideran que en esta situación sí hay responsabilidad de Interagua, puesto que la firma debería tener una subestación eléctrica como plan de contingencia ante daños fortuitos. (I)