Conflicto administrativo generó incursión de grupos de encapuchados en urbanización de La Aurora

Unos cincuenta hombres y mujeres encapuchados protagonizaron incidentes en la etapa Rubí, de la urbanización La Joya, situada por la avenida León Febres-Cordero, en la parroquia La Aurora del cantón Daule.

El hecho registrado la mañana de este lunes, 7 de noviembre, fue captado en videos que se difundieron a través de las redes sociales.

Estas personas, según residentes, violentaron las seguridades, portando toletes, un arma de fuego, entre otras cosas, y luego llegaron al área de la administración para tratar de tomarse esa instalación cerca de la garita. No consiguieron esta última misión.

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“Gracias a la Policía que vino y le pedimos que no permita este atropello; la Policía le pidió a este señor que desaloje a esta gente que había traído; estábamos en estado de indefensión ante tantas personas”, relató Ramón García, uno de los vecinos de la etapa.

Él al igual que unos treinta residentes se mantenían en alerta esta tarde en el área social de la urbanización, ya que el episodio ocurrido en horas de la mañana los mantenía intranquilos.

Los moradores manifestaron que existe un conflicto por el directorio de la administración de la asociación de propietarios de esa etapa de la urbanización, donde habitan unas 460 familias.

Después de los incidentes, un grupo de residentes intentó poner una denuncia al respecto, pero alrededor del mediodía el secretario del fiscal de turno en la unidad judicial de La Aurora no acogió el trámite y se les derivó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), indicaron vecinos.

“No sabemos a qué autoridad acudir, porque nadie nos aceptó receptar la denuncia en la unidad judicial nueva de la Judicatura (de Daule)”, indicó García.

El 20 de octubre pasado, en una asamblea de los socios se decidió la destitución del presidente y se escogió a una nueva directiva, luego que se dieron varios hechos que causaron preocupación, entre esos robos seguidos en la urbanización y cuestionamientos a la compañía de seguridad, recordaron los residentes.

Para esta noche, los moradores se reunirán para ratificar la expulsión de la anterior directiva y ratificar a los nuevos delegados.

En medio del temor, un vecino también indicó que ha sido objeto de presiones por parte de un extorsionador, que considera se deriva de estos conflictos generados en el interior de la urbanización.

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Él y otros vecinos, como García, pidieron que el Miduvi agilite el proceso de registro de la nueva directiva.

Por otra parte, los moradores anunciaron que encaminan acciones legales en contra del representante señalado en torno a su gestión al frente del directorio.

Actualmente, otra empresa de seguridad privada se encarga del acceso a la etapa de la urbanización y otras seguridades se implementan en la sede administrativa.

Miduvi sobre el caso

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) aclaró que, de acuerdo a la legislación local, no tiene competencia para receptar y atender denuncias de ámbito judicial, o para intervenir en los procesos internos de las organizaciones sociales.

La Cartera de Estado indicó que se encarga de conocer el registro de trámites referentes al otorgamiento de personalidad jurídica a organizaciones sociales sin fines de lucro, “cuyos objetivos sean el hábitat y la vivienda, la reforma de estatutos, registro de directiva, inclusión, exclusión de socios, disolución, liquidación y reactivación”.

Asimismo, sostuvo que la atención de trámites ciudadanos que le corresponden conocer a la Cartera de Estado se realiza dentro de los plazos establecidos en la normativa. “De acuerdo con el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo, el plazo de atención de trámites ciudadanos es de 30 días. Una vez revisado el trámite se emite una respuesta y en el caso de que exista alguna observación, se otorga 10 días para la subsanación que corresponda”, indicó. (I)