Seguridad ciudadana, desarrollo económico, productivo y comercio, vivienda y hábitat, además de equidad, derechos humanos y sociales fueron los cuatro ejes temáticos que dentro de las propuestas de campaña se tomaron en consideración para el análisis del primer año de gestión del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien tomó el mando del Sillón de Olmedo en mayo de 2023.
Los resultados de la revisión, ejecutada por el Observatorio Ciudadano de la Universidad Casa Grande (UCG), con el aporte financiero de National Endowment for Democracy y la asesoría de FARO Ecuador, se presentó en base a un seguimiento parámetros establecidos, con tres indicadores de recursos, procesos y resultados.
En el acto, este miércoles, estuvieron autoridades de la institución académica, representantes de cooperantes y además varios concejales, como Emily Vera, Raúl Escala y Juanita Montero, en representación de la Alcaldía.
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Inicialmente, Jéssica Quintana, directora de responsabilidad social y vinculación con la comunidad de la (UCG), indicó que este observatorio estaba constituido por jóvenes ciudadanos en Guayaquil, de la Universidad Casa Grande, de la U. de Guayaquil, además de otras provincias, también de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), con la asesoría de FARO Ecuador.
Estos resultados, dijo, buscaban brindar información clara, precisa y accesible a ciudadanos y estimular la participación de ciudadanos, fortalecer el proceso democrático, ya que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para aquello.
“La presentación en este trabajo se plantea como una herramienta para fortalecer la relación entre la administración pública y ciudadanía, este informe presenta un seguimiento imparcial”, apuntó.
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En el ámbito de seguridad, el observatorio analizó la implementación del Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Política Criminal y la redefinición del papel de la Policía Metropolitana.
Como en el resto de propuestas, se tomaron en cuenta varios criterios, desde su alineación con objetivos, normativa y planificación y se pusieron distintas valoraciones.
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Entre los detalles, el observatorio detalló que el plan integral de convivencia ciudadana y política criminal en octubre fue creado y aprobado favorablemente, y además que el porcentaje de ejecución del presupuesto de Segura para el año fiscal 2023 alcanzó alrededor del 68,5% de presupuesto.
Además se indicó que hubo la propuesta de Policía Ciudadana, sin embargo aquello no se reestructura de esa manera aunque han habido cambios institucionales.
Para el segundo año de gestión, Mónica Véliz expuso varios desafíos como la efectividad a largo plazo de Consejo de Seguridad Ciudadana, además que los 700 nuevos agentes adopten el nuevo enfoque de seguridad ciudadana para diferenciar de modelos anteriores y en torno a la ejecución presupuestaria de Segura EP en 2023 para su debida planificación e implementación.
Además, recomendó fomentar una cultura de seguimiento y actualización constante de acciones de seguridad, optimizar ejecución presupuestaria de Segura EP, y desarrollar un programa de formación continúa para los agentes metropolitanos.
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Ingrid Ríos y José Merchán, otros integrantes del observatorio, expusieron los resultados de los análisis en otras propuestas dadas en equidad, derechos humanos y sociales. Dentro de ello, por ejemplo, se tomó en consideración la propuesta de generar programas de prevención comunitaria en el espacio público, con mayor prioridad contra mujeres y niñas.
También se destacó la aprobación de la reforma a la Ordenanza para la Prevención y Acción para Combatir la Violencia contra las Mujeres en el cantón Guayaquil y además que se concretó la creación de una Mesa Cantonal interinstitucional para la implementación del Sistema nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Entre los retos, expusieron que en este año los avances han sido de carácter normativo, aunque pausados en planificación y operación de programas. “La creación del Plan Cantonal para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es crucial porque permitirá realizar avances más significativos y medibles”, remarcaron.
A su vez, en la exposición se indicó que la planificación actual se encuentra centralizada en la Empresa Pública de Seguridad, aunque ciertos programas y proyectos están “dispersos en la planificación”. Por otra parte, aconsejaron que la Dirección de la Mujer debe articularse con el Plan existente de Segura EP.
En materia de desarrollo productivo, Luis Patiño, también del observatorio, habló de la propuesta de incentivar la generación de emprendimientos en centralidades urbanas, en cuyos objetivos estaba la actualización del uso de suelo que se ha ubicado en el 20 % cuando se planteaba en 57 % para el primer año, mientras se consideró aprobada la meta de levantamiento de información acerca de las necesidades de capacitaciones o acompañamiento que se requieren en sectores y parroquias del cantón.
Él apuntó que la actualización del uso de suelo del cantón avanza más lento de lo planificado, lo que podría retrasar la implementación de corredores comerciales.
También recomendó priorizar la actualización del uso del suelo del cantón, considerar áreas de mayor potencial para desarrollar corredores comerciales y emprendimientos en centralidades urbanas, diseñar programas de capacitación y acompañamiento, con base en los informes de necesidades realizados adaptados a necesidades específicas, implementar un robusto sistema de seguimiento y evaluación.
En el sentido de vivienda y hábitat, Clara Carrillo, otra integrante del observatorio, analizó la propuesta de generar programas habitacionales.
Dentro de ello, habló de que en la liquidación de la Empresa de Vivienda aún las competencias no se conocen su reasignamiento a una nueva dirección dentro del GAD, ni si la estructura orgánica se ha modificado, mientras en el porcentaje de estudios realizados sobre el número esperado de estudios para los proyectos generados, dijo que se sobrepasó la meta del 75 % al llegar al 77,43 %, y que además se llegó apenas al 53,43 % de 100% de viviendas han sido comercializadas sobre el total de viviendas planificadas.
Como retos, ella dijo que el enfoque de reestructuración administrativa y revisión financiera ha implicado que los avances en la planificación, construcción y entrega de viviendas sean más pausados y que aún hay poca claridad en torno a reasignación de competencias relacionadas con las obras de infraestructura habitacional.
En ese sentido, recomendó que se informe a la ciudadanía de cualquier replanteamiento de las acciones y metas del GAD Municipal en asuntos de vivienda, “para contribuir a la transparencia y a los derechos de los ciudadanos”.
Emily Vera, concejal de la urbe, aclaró que cada uno de los indicadores estaban evaluados en el plan de ordenamiento territorial 2019-2023, que no corresponde al periodo de Aquiles Alvarez.
Además resaltó que el progreso de Guayaquil no solo debe partir de iniciativas de instituciones sino de todos los ciudadanos, incluyendo la academia, con estos trabajos de análisis.
“Hemos salido bien y en otros indicadores hemos salido en rojo”, dijo y agregó que el plan nuevo se presentará con la visión de la actual administración en noviembre próximo. Ella invitó a la socialización de esta propuesta y poder escuchar aportes de la academia.
Destacó avances de este primer año de gestión, como la distribución de la urbe en 19 distritos, a través de una ordenanza, para avanzar en metas, según las necesidades de las comunidad, además del censo de 15.000 comerciantes que han participado en ferias comerciales, y que se trabaja en una ordenanza para regular el tema de vivienda de interés social con la empresa privada (I)
